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Nueva York
Martes, 7 de junio 2022, 20:05
Si la opinión pública quiere saber lo que se puede hacer en EE UU para mejorar el control de armas, solo tiene que mirar al estado de Nueva York. Allí donde el Partido Demócrata controla el gobierno del estado y las dos cámaras de la ... Asamblea de Representantes, el lunes se hizo realidad una ley para cerrar las lagunas que facilitaron la matanza de afroamericanos en un supermercado de Buffalo el pasado día 14, apenas tres semanas después, sin prohibir su venta.
Para la gobernadora Kathy Hochul era un tema personal, porque ella misma nació en Buffalo, donde su familia pasó tantas penurias que llegó a vivir en un tráiler cerca de la siderúrgica donde trabajaba su padre. Los daños colaterales de la matanza racista de Buffalo han puesto de manifiesto la existencia de «desiertos alimenticios» en los barrios marginales. Tras el cierre de Tops como escena del crimen, el supermercado más cercano queda a ocho kilómetros.
Esa es otra laguna que Hochul tendrá que cerrar, en colaboración con la empresa privada, pero de momento se ha centrado en la que depende de los políticos. Desde ayer, el joven de 18 años que perpetró la masacre no habría podido comprar legalmente el rifle de Asalto AR-15 con el que mató a diez personas e hirió a tres en cuestión de minutos. Payton Gendron hubiera tenido que esperar hasta los 21 años o comprarla en otro estado, lo que hubiera dificultado la empresa criminal y dado más tiempo para abortar sus planes.
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De hecho, con la nueva ley los profesionales de la salud mental tendrán que reportar a la policía signos violentos como los que se percibían en el joven supremacista, al igual que las redes sociales y otros grupos. La policía no solo «podrá intervenir», algo que ya podía hacer gracias a las leyes de «alertas rojas» que operan en el estado de Nueva York, sino que tendrá la obligación de hacerlo. Payton fue evaluado psiquiátricamente menos de un año antes de cometer la masacre, pero se consideró que sus amenazas escolares eran «demasiado genéricas» como para actuar.
Una semana después, otro joven de 18 años que había comprado dos rifles mató a 19 niños y dos profesoras en Uvalde (Texas). «Sigue ocurriendo. Las balas silban y las banderas bajan a media asta, pero nada cambia», denunció la gobernadora. «Excepto aquí, en Nueva York».
Es improbable que el Congreso tome ese tipo de «acciones decisivas». En la reunión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes donde el jueves pasado se presentó el paquete legislativo, los republicanos concluyeron que «no hacen falta más medidas» de control de armas. En el Senado, fuentes de CNN dicen que no hay apoyo para elevar la edad legal de 18 a 21 para adquirir rifles automáticos. En el mejor de los casos, el senador de Carolina del Norte, Thom Tills, propone introducir «dos o tres semanas de espera» para poder revisar los expedientes juveniles. Expandir la obligación de cotejar los expediente delictivos y psiquiátricos en las bases del FBI es lo más a lo que aspiran los legisladores.
Hay, todavía, una instancia mayor, el Tribunal Supremo, cuyos jueces el miércoles dieron indicios de querer cortarle las alas a Nueva York, en lugar de a los amantes de las armas. En la audiencia de un caso que reta la obligación de demostrar la necesidad de llevar armas ocultas en las grandes urbes que lo prohíben, la mayoría conservadora amenaza con asestar un golpe tan provocativo como el que se dispone a dar al aborto.
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