El juez del 'caso Stormy Daniels' aplaza su decisión sobre si anula la condena a Trump

En un nuevo esfuerzo por retrasar el caso judicial de los pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio tras relaciones extramatrimoniales, el juez a cargo del proceso en Nueva York aplazó este martes su decisión sobre una potencial anulación de la condena del presidente electo Donald Trump. El fallo del magistrado Juan Merchán sigue a la solicitud conjunta de aplazamiento por parte de la defensa y la Fiscalía, lo supone una nueva victoria para el magnate en sus repetidos intentos de aplazar la condena. No se conocerá hasta el próximo día 19.

La acusación pública, que se encontraba en proceso de revisión del caso a la luz del fallo de inmunidad presidencial de la Corte Suprema de este verano, examinará ahora el caso también bajo el potencial impacto de los resultados electorales. El abogado de Trump, Emil Bove, presentó la moción de aplazamiento durante el fin de semana, argumentando la necesidad de pausar la resolución y después suspenderla por completo con objeto de evitar «impedimentos inconstitucionales a la capacidad del presidente Trump para gobernar».

El triunfo el 5 de noviembre del líder republicano, el único presidente condenado por delitos, ha frenado y enviado al limbo judicial los casos legales en su contra. La cuestión legal anterior hacía referencia a la condición de expresidente y ciudadano, y no a la mandatario inminente. De cualquier forma, Trump se enfrenta potencialmente a un escenario sin precedentes, en el que podría ser sentenciado en menos de dos meses antes de su investidura.

El magnate fue considerado culpable en mayo de 34 delitos graves por la falsificación de sus registros de contabilidad relacionados con un pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels en 2016, como parte de una trama para influir en las elecciones de aquel año. El abono secreto fue realizado para silenciar a la actriz de cine erótico por haber mantenido relaciones sexuales con Trump, cuya difusión habría impactado, eventualmente, el resultado de los comicios.

El veredicto, que se produjo en menos de doce horas de deliberaciones del jurado, fue fruto del primer juicio penal contra un expresidente estadounidense y asestó un golpe a la campaña electoral del entonces candidato.

Poco más de un mes después, un fallo de la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes no pueden ser procesados por acciones efectuadas en su mandato, limitando la capacidad de la Fiscalía para utilizar esas acciones incluso para reforzar un caso centrado en una conducta puramente personal.

La Fiscalía podría argumentar que los hechos tuvieron lugar cuando Trump era un ciudadano privado envuelto en una campaña presidencial, sin haber aún sido elegido ni haber jurado el cargo, cuando su abogado Michael Cohen realizó el pago a Daniels en octubre de 2016. Un hecho que en sí mismo violaría la ley de financiación electoral por ocultación de pagos de campaña.

La otra cara del argumento establecería que Trump era ya presidente cuando realizó el reembolso a Cohen y lo falseó como tal en los registros de contabilidad, anotándolo como pagos al abogado. Cohen testificó que ambos, él y Trump, establecieron el acuerdo de pago en el Despacho Oval.

El equipo de defensa de Trump argumentó también la invalidez de algunas de las pruebas contra el expresidente, como el formulario de su declaración financiera presidencial, así como, el testimonio de algunos funcionarios de la Casa Blanca.

En respuesta, la Fiscalía señaló que las pruebas en cuestión constituían solo «una pequeña parte» del caso. El equipo de Trump ha tratado también, sin éxito, de transferir el caso de jurisdicción estatal a un tribunal federal.

El inminente regreso de Trump a la Casa Blanca complica ahora una resolución del caso en términos normales de acuerdo a la ley, y podría incluso propiciar la intervención de un tribunal para evitar el espectáculo sin precedentes de una condena a un expresidente y futuro presidente.

El lema judicial de 'nadie está por encima de la ley' adquiere un tono funerario ante los nuevos poderes suprajudiciales del presidente electo Trump.

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