El gran negocio de la marihuana en Estados Unidos

Es la nueva era de una vasta industria en expansión que ha invadido el mercado del bienestar y la alimentación, y cuyos ingresos por venta generan ya 17.900 millones de dólares en Estados Unidos en su más reciente cómputo de 2020. Según Leafly.com, el sitio web de cannabis más grande del mundo, las ventas de marihuana en el país aumentaron en un 67% el año pasado, motivadas en gran parte por la dureza del confinamiento de la pandemia.

El cannabis ha atraído la atención del sector financiero, la industria y la investigación. Corporaciones tradicionales del alcohol y el tabaco como Constellation Brands, la compañía dueña de Corona, y Altria Group, dueña de Marlboro, se han lanzado al nuevo mercado con inversiones multimillonarias.

El rápido crecimiento del negocio no ha pasado desapercibido a nadie, y desde que, en 2012, Colorado se convirtió en el primer Estado en abolir la prohibición del cannabis, el movimiento se ha extendido como un dominó hasta su normalización más reciente en los Estados de Nuevo México y Nueva York el pasado abril. Su consumo es legal 17 Estados, está despenalizado en otros 15 y permitido su uso médico en 36 de ellos. Pero, paradójicamente, el uso general y la posesión es todavía un delito federal.

Una difícil transición

En Colorado, el ingreso por venta de cannabis ha ascendido a 2.200 millones de dólares el año pasado. En California alcanza los 4.400 millones. Y no solo genera ingresos, sino que crea trabajo. Según el New Frontier Data, más de 340.000 empleos se dedican a la producción y gestión de la planta en EE UU. Unos beneficios que impresionan, y que llevaron al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a mover ficha. La rápida aprobación de la ley anotó un triunfo político para el demócrata, que se apoya en unas previsiones de más de 3.500 millones de dólares de beneficios en actividad económica anual; y unos 350 millones en ingresos fiscales.

En el Estado que ha perseguido el consumo y venta de marihuana con más fiereza en las últimas cinco décadas, el Gobierno ha tenido que hilar fino para justificar la transición de la abolición a la legalización, sin derogar por completo la ley anti-drogas más ominosa del país, la implacable ley Rockefeller.

Aprobada en 1973, fue el intento del gobernador Nelson Rockefeller, que tenía los ojos en la presidencia, de aparecer más duro que el propio presidente Nixon, que ese año había declarado a las drogas «el enemigo número uno» del país. La ley federal de Control de Sustancias de 1971 permitió a Nixon lanzar su 'Guerra contra las Drogas' que habilitó al FBI y la CIA a llevar a cabo una cruzada sucia contra hippies, afroamericanos y movimientos de contracultura y protesta que afeaban su guerra en Vietnam.

En Nueva York se iba aún más lejos: persecución de minorías étnicas, sentencias obligatorias extremadamente largas, y encarcelamiento masivo de afroamericanos e hispanos que pronto triplicaron la población del sistema de prisiones.

Como no podría ser de otro modo, la ley de legalización en Nueva York incluye programas de equidad social como forma de reparación económica, o la revisión de sentencias y eliminación de antecedentes penales a los convictos por acciones que ya no son delito. La nueva legislación reconoce también a las comunidades afectadas como 'socios' primarios en el disfrute de los beneficios económicos de la comercialización de la droga, con el objetivo de destinar un 50% de las licencias comerciales de marihuana a solicitantes de equidad social.

Monopolio

Bajo la nueva ley agricultores, distribuidores y establecimientos de venta y consumo pueden obtener permisos para operar cannabis, de cuyos productos el Estado percibirá un impuesto del 9%. Además, el Estado recibirá ingresos de la venta de permisos a 300 dólares por establecimiento y válidos por un año.

Pero la realidad es que las grandes corporaciones dominan ya el mercado nacional. Establecer un negocio requiere inversiones serias en cualquiera de las fases de producción, ya sea el cultivo, procesamiento, distribución o la operación de venta minorista. Y ahí es donde entra en juego el poder de las grandes corporaciones. Así, las cinco grandes del cannabis -Curaleaf Holdings, Arena Pharmaceuticals, Green Thumb Industries, Scotts Miracle-Gro Company y Trulieve- no solo controlan todo el proceso vertical a gran escala, sino que compiten entre ellas para acumular el mayor número de licencias en el mayor número de Estados.

En el caso de Florida, donde solo es legal el uso medicinal, el propio sistema parece haber sido creado para favorecer a los grandes agricultores del cannabis: la integración vertical no sólo no se evita, sino que es obligatoria. Y dado el limitado número de ellas, las licencias para operar un dispensario de marihuana medicinal son tan caras que una llegó a venderse por 55 millones de dólares. El gobernador republicano Ron DeSantis ha llegado a calificar de 'cartel' al grupo de siete corporaciones que controlan el negocio en el Estado.

Para los defensores de la concentración, el sistema permite al Estado un mayor control sobre la comercialización. Sus detractores, señalan que eliminará la diversidad artesanal que genera el pequeño productor y llevará a un descenso en la calidad y un aumento del precio. En Nueva York, como ocurre en otras ciudades como Ámsterdam, por ahora la regulación más laxa añadirá motivación a un segmento del turismo y reanimará la industria del ocio. De momento, Nueva York es el Empire State del cannabis.