El derecho a voto de las minorías en EE UU se estrella en el Senado

«¿Qué es más importante, la piedra fundamental de nuestra democracia o una norma del Senado?», les conminaba el líder de la Cámara, Chuck Schumer. Desde los pasillos les perseguía, proyectada en las paredes, la imagen del congresista de Georgia John Lewis, que acompañase a Martin Luther King en la marcha de Selma y pagase con su sangre el camino hasta el Congreso, donde defendió los derechos civiles hasta su muerte. Ni siquiera su fantasma fue capaz de remover la conciencia del senador de Virginia Occidental Joe Manchin y la senadora de Arizona Kyrsten Sinema, que se han convertido en los grandes obstáculos de todo lo que intenta aprobar su partido.

La apuesta por una ley que restituya las garantías al derecho a voto de las minorías y que tumbase el Tribunal Supremo en 2013 llegaba en la semana en la que el país celebra el Día de Martin Luther King, pero no ha sido bien acogida por quienes desempeñan la lucha en el terreno. Los líderes afroamericanos ni siquiera asistieron al discurso del presidente Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris en Georgia, porque lo consideraron una maniobra publicitaria. No eran ellos los que tenían que escuchar la necesidad de proteger los logros amasados con tanto dolor en los años 60, sino los senadores que se oponen a garantizarlos.

Algunos incluso reclaman al Gobierno de Barack Obama no haber llevado esa batalla al hemiciclo antes de dejar el poder, pero lo que entonces parecía imposible de lograr, ahora es una quimera, porque el tono político del país es cada vez más divisivo y polarizado. Para los republicanos, esas lagunas legales son la mejor garantía de que podrán minimizar la presencia de las masas de negros e hispanos a los que atribuyen la victoria de Biden, Obama y hasta Clinton, a quien en su día llamaban el primer presidente negro, por su sintonía con los afroamericanos.

Las más de treinta leyes estatales aprobadas en el último año para dificultar el voto se consideran parte «del golpe que viene», porque desde Texas hasta Virginia los votantes menos informados se encontrarán en las próximas elecciones incapacitados para votar. Algunos descubrirán que el plazo para registrarse en el censo electoral expiró mucho antes de que supieran la fecha, y a otros se les pedirá la misma identificación que usaron para inscribirse décadas atrás, en un país donde no existe un documento nacional de identidad.

Los Ejecutivos municipales y estatales urden todo tipo de artimañas para impedir un fraude inexistente que, sin embargo, complicará la participación democrática. El convencimiento de que una mayor participación favorecerá la victoria demócrata es la piedra angular de esas leyes. Para evitarlas, la Ley de los Derechos Civiles John Lewis aprobada en la Cámara Baja tendría que pasar por el Senado, donde la norma requiere mayoría absoluta. El cambio a la mayoría simple facilitaría el Gobierno de demócratas y republicanos, pero estos últimos prefieren esperar a que ellos recuperen el control de las cámaras en noviembre próximo.

Biden ha instado a su partido a dejar escrito para la historia esta batalla de honor, que sabía perdida, y obligar a retratarse a Manchin y Sinema, que pasarán como los grandes obstruccionistas de su Gobierno.