Los demócratas logran avanzar en el Congreso la ley de Infraestructura

Esta última no ha querido pronunciarse sobre el paquete del gasto social y energético que tanto importa a los progresistas, pero sin embargo les ha dado su palabra –por escrito- de que la apoyará en cuanto el informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) ratifique las dos promesas fundamentales: que no añade «un céntimo» al déficit, porque se paga por sí misma, y que no aumentará los impuestos de quienes ganen menos de 400.000.

Hizo falta una nueva intervención del presidente, Joe Biden. A las 9 de la noche volvió a ponerse ante las cámaras para prometer públicamente que el resto de la ley se aprobará «durante la semana del 15 de noviembre». Su palabra había perdido valor, porque el presidente y los líderes del Congreso también habían prometido antes al caucus progresista que no se votaría una sin la otra, sino el plan completo. Para eso Pelosi sólo podía perder tres votos, pero tenía a seis legisladores incapaces de comprometerse sin ver el informe de la CBO.

Para Biden, su credibilidad estaba en juego. Su popularidad ha decaído progresivamente a medida que se atascaban las negociaciones y con él las de todo el partido. Las bromas de la calle sobre su disfuncionalidad dan fe del daño que se ha hecho. La esperanza de Biden y sus colegas es que con la infusión de dinero que se avecina la economía cobre fuerza y los votantes puedan sentir los beneficios a su alrededor antes de las elecciones de noviembre del año que viene.

Se trata de la mayor inversión en obra pública en más de una década. Puentes, autopistas, redes eléctricas, de ferrocarril y hasta de internet compartirán una inyección de 1.2 billones de dólares. El paquete también incluye 50.000 millones para responder a emergencias climáticas, aunque las energías limpias reciben más ayuda en la Ley para Reconstruir Mejor, que se acerca a los dos billones de dólares.