El coronavirus deja a diez millones de estadounidenses sin trabajo

No hay precedentes en las historia de las estadísticas para ubicar algo de esta magnitud. El record se dio en 1982, cuando se perdieron casi 700.000 puestos de trabajo, quince veces menos. Para ponerlo en perspectiva de una economía que iba viento en pompa, a final de febrero sólo el 0,3% de la fuerza laboral había solicitado la ayuda desempleo. Ahora es el 6%. La enfermedad, que no diferencia entre ricos y pobres, se ha cebado por todo el globo. Incluso un país como Noruega, donde el paro estaba en el 2,3%, se encuentra de golpe con un 10,4%. Como el virus que ha sacudido el mundo conocido, este mal crecerá exponencialmente a medida que las empresas tiran la toalla.

La única vacuna disponible es esa con la que experimentan casi todos los países: incentivos económicos para que las empresas mantengan a sus empleados en nómina a cambio de subsidios o préstamos sin interés que pueden llegar a ser a fondo perdido. Al igual que la epidemia, que aún tardará tres semanas en llegar a su momento álgido en Nueva York, los datos de abril serán mucho más oscuros que los de marzo, porque las empresas comenzaron a aligerar la nómina cuando se impusieron los cierres obligatorios a mitad de marzo.

Para entonces habrán llegado también los primeros cheques del gobierno, estimados en 1.200 dólares por contribuyente más 500 por hijo. Serán un salvavidas de emergencia para mantener con vida a los consumidores, motor de la economía estadounidense. Algo así como esos paquetes de ayuda humanitaria que se tiran desde los helicópteros a los damnificados en zona de catástrofe, y que en el mejor de los casos contienen unas barritas energéticas y saquitos de arroz.

Haya otros números que también inquietan: la venta de armas, otro efecto secundario del miedo. Durante el mes de marzo las armerías hicieron el agosto. El FBI recibió 3.7 millones de solicitudes de nuevas licencias, el segundo mes de la historia en el que más armas se vendieron, después de aquel enero de 2013 en el que Barack Obama se propuso –sin éxito- pasar una legislación más restrictiva tras el impacto emocional de la matanza de Sandy Hook, el colegio donde veinte niños de 6 y 7 fueron asesinados en cuestión de minutos, además de siete profesores. Si la cifra de ahora queda por detrás es solo porque la pandemia no caló en la opinión pública estadounidense hasta mitad de marzo.

En cuanto Donald Trump se planteó imponer medidas de emergencia, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) empezó a cabildear al gobierno con llamadas personales al presidente y su entorno para lograr que las armerías se consideraran negocios «esenciales» que siguen abiertos. Algunos estados, como el Washington, han recurrido a sus poderes dentro del estado federal para cerrarlos. Si viene el apocalipsis, como anticipan los que esperan ver un Mad Max en las calles, será sangriento. El NRA subvencionó la campaña de Trump en 2016 con 30 millones de dólares y sin duda apuesta por su reelección en noviembre.