El Congreso votará un proceso de impeachment contra un miembro del gabinete de Biden

El cabeza de turco es el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, el primer hispano al frente del departamento de Seguridad Nacional Doméstica, que se ocupa de inmigración. Esta semana puede convertirse en el segundo miembro de un gabinete presidencial en la historia de Estados Unidos en sufrir un proceso de impeachment.

Su único precedente hay que buscarlo en 1876, cuando William Belknap, secretario de defensa del presidente Ulysses Grant, sufrió un proceso equivalente después de presentar su dimisión por la acusación de haber aceptado corruptelas.

A Mayorkas se le acusa de «rehusar sistemáticamente y voluntariamente a cumplir las leyes aprobadas por el Congreso» y «traicionar la confianza del público». El Comité de Seguridad Doméstica de la Cámara Baja que el domingo presentó esos dos artículos de impeachment contra él se reunirá este martes para corroborarlos y podrá someterlos después a votación del pleno, donde la oposición tiene mayoría.

Nadie espera que Mayorkas pudiera ser condenado en un juicio de impeachment, que tendría que celebrarse en el Senado, donde el Partido Demócrata domina la Cámara, pero sólo el proceso será una humillación para el secretario y el Gobierno de Biden y destacará en la opinión pública el punto flaco del gobierno de Biden.

Es parte de la política de venganza que sigue el Partido Republicano en el Congreso, bajo la batuta de Donald Trump, que no perdona haber sido objeto de dos procesos de impeachment y numerosas investigaciones que obligaron a sus hijos a testificar, como ahora lo está haciendo Hunter Biden.

En la resolución, que deletrea a lo largo de 20 páginas las quejas del Congreso por el aumento de cruces ilegales en la frontera, que en 2022 resultó en la llegada de más de 2.7 millones batiendo récords cada año, el comité le acusa de haber abierto deliberadamente la mano con los solicitantes de asilo político, más allá del «miedo creíble a la persecución».

Como prueba argumenta que entre 2017 y 2020, se producían 590.000 encuentros con indocumentados en la frontera, mientras que desde que Mayorkas llegó al cargo el número se disparó a 1,4 millones en 2021 para llegar hasta 2.4 en 2023.

Las cifras oficiales indican que el número de aquellos a los que se les permitía quedarse a la espera de una cita judicial para decidir su petición de asilo se ha duplicado en ese tiempo, lo que tiene desbordados a los tribunales y resulta en años de espera hasta que se dirime el caso, tiempo que pasan legalmente en el país. Al final, «significativamente menos del 20% recibe asilo político», observa el comité.

Los expertos constitucionales coinciden con los demócratas en que el Congreso está aplicando un recurso pensado para enfrentar gobiernos despóticos a modo de arma política para luchar contras diferencias políticas sobre la aplicación de las leyes, en el mejor de los casos.

En el peor, los republicanos «no quieren resolver el problema, sino hacer campaña con él», ha respondido en un comunicado el Departamento de Seguridad Doméstica. Mayorkas está también acusado de «obstrucción» por no haber acudido a testificar cuando el comité lo citó. En realidad el secretario solicitó un cambio de fecha en la audiencia por coincidir con otros compromisos, pero el presidente del comité Mark Green prefirió seguir con el plan.

Inmigración está también en el centro de la disputa entre legisladores republicanos y demócratas para aprobar una nueva partida de ayudas a Ucrania. En su última oferta, el presidente Biden ha dicho que está dispuesto a utilizar poderes de emergencia para «cerrar la frontera» si el Congreso aprueba la partida que ha pedido para enviar ayuda militar a Ucrania, Israel, y la frontera. Con ello desnuda la coartada de los republicanos y se agencia una frente a los votantes que le juzgarán en noviembre.