Biden acaricia en el Senado el hito de rebajar el precio de los medicamentos

La llamada Ley para Reducir la Inflación es un variopinto paquete de gasto social, control fiscal e inversión medioambiental, entre otros grandes sectores. Prácticamente contiene fórmulas para todo, menos para controlar la inflación, porque como decía la columnista Jennifer Rubin en el Washington Post, «solo porque lo lleve en el nombre no significa que lo haga». De hecho, la mayoría de los economistas cree que cualquier reducción será mínima, porque eso depende más del precio de la energía, afectada por la guerra de Ucrania, o la producción, que el covid frenó en seco.

El título es lo de menos, lo importante es el contenido. Biden podría presumir de lograr algo que los demócratas llevan 30 años prometiendo, la reducción del precio de los medicamentos para jubilados. Se trata de autorizar al seguro semipúblico de Medicare negociar los precios con las farmacéuticas. Parece simple, pero ese lobby lo ha impedido convenciendo al país de que cualquier interferencia del Gobierno en el mercado sería equivalente al control de precios, lo que frenaría la innovación e impediría avances farmacológicos.

Es más, los críticos cuestionan que para reducir los costos de sanidad haya que empezar por las farmacéuticas, en lugar de ir a por los hospitales, que tienen un impacto mayor en el costo global. Sin embargo, son los medicamentos los que más afectan las pólizas de los seguros médicos y el bolsillo de los jubilados.

Cuando se habla de sanidad en EE UU se aborda un universo estratosférico que escapa de la comprensión del lector europeo. Por ejemplo, la nueva ley dejaría exento a todos los medicamentos que tengan menos de nueve años en el mercado y limitaría el costo de los jubilados en copagos a solo 2.000 dólares al año. Así de relativo es el daño que se hará a las farmacéuticas, con las que se empezaría a negociar un 25% de descuento para medicamentos de precio galopante como los de la diabetes, cuyo 80% recae sobre el Gobierno. Según la fundación Kaiser, no más de 20 medicamentos, aparte de la insulina, cualificarían para esos descuentos.

En la misma línea de relatividad está la «subida de impuestos» que tiene escandalizada a la oposición republicana. El establecimiento de una tasa mínima corporativa al 15% solo afecta a aquellas empresas con beneficios superiores a los mil millones anuales. Teniendo en cuenta que el ciudadano medio paga un 22% de media, parece razonable que las grandes corporaciones con más beneficios paguen al menos el 15%.

Según el Instituto de Políticas Fiscales y Económicas, 55 grandes multinacionales como Amazon, Fedex y Nike no pagan absolutamente nada en impuestos federales. El propio senador Joe Manchin, uno de los dos demócratas más conservadores del partido, que en este caso se lleva el crédito de haber introducido la legislación, insiste en que lo único que se hace es cerrar lagunas legales para evitar que se escapen por esos agujeros fiscales los que más abogados y contables tienen al servicio de la ingeniería fiscal.

Todos los ojos están puestos en la senadora de Arizona Krysten Sinema, la aguafiestas de los Demócratas en el Senado. Debido a la salomónica división que dejaron las urnas, el partido necesita cuadrar todos y cada uno de sus senadores para que la vicepresidenta pueda ejercer el voto de desempate. Por ahora, Sinema se deja cortejar en silencio, con la complicidad de su mejor amigo en la cámara, Manchin, padre de la ley.