El Gobierno de Biden estrena sanciones contra el Kremlin

Con el anuncio de sanciones que imitan las que ya impuso la UE y Gran Bretaña a Moscú en noviembre pasado el nuevo Gobierno estadounidense intenta recuperar el tiempo perdido bajo el mandato de Trump y coger el paso a sus aliados europeos para bailar al mismo ritmo frente al Kremlin. Se trata de identificar a seis altos cargos del Ejecutivo ruso acusados del envenenamiento del líder de la oposición Alexéi Navalni, cuya liberación exige la Casa Blanca, además de ampliar las sanciones económicas y restricciones a la importación de materiales que puedan ser utilizados para la producción de armas químicas como las usadas para su envenenamiento en agosto.

A las acusaciones internacionales Washington suma su propio informe de Inteligencia, aunque no está claro si planea hacerlo público o simplemente dará a conocer el sumario de las conclusiones. Se sabe que confirma los informes existentes al apuntar a altos cargos de los Servicios de Seguridad Federales rusos, la principal agencia de Inteligencia del país, heredera del famoso KGB.

En paralelo, la UE aprovechó este martes para ampliar sus sanciones a cuatro individuos más que previsiblemente están en la lista de Washington. Se trata de Igor Krasnov, fiscal general ruso desde hace un año; Aleksandr I. Bastrykin, que dirige el Comité de Investigaciones tras los delitos de mayor envergadura y responde directamente a Putin; Viktor V. Zolotov, dirigente de la Guardia Nacional rusa y exguardaespaldas de Putin, del que se sabe amenazó a Navalni en septiembre de 2018, y Aleksandr Kalashnikov, director del servicio federal de prisiones.

Como muestra de la coordinación internacional, las sanciones siguen a la publicación el lunes de un informe de investigadores de derechos humanos de la ONU que escribieron al Kremlin con sus conclusiones en diciembre, pero las hicieron públicas el lunes, junto con la carta, al no haber obtenido respuesta. Los expertos consideran que el envenenamiento del líder ruso de 44 años en Siberia se trató de una ejecución extrajudicial y consideran «muy probable» que lo perpetrasen agentes estatales, al tratarse del Novichock, un agente químico que sólo fabrica el Gobierno ruso y que requiere un entrenamiento muy específico para su manejo. El objetivo habría sido no solo silenciar a Navalni, sino enviar «un siniestro mensaje» a toda la oposición.

«Novichock fue elegido precisamente para desatar el pánico», dijo la relatora especial de la ONU Agnés Callamard. «Navalni estaba en ese momento bajo estrecha vigilancia y es improbable que una tercera parte hubiera podido llevar a cabo el intento de asesinato sin conocimiento de las autoridades rusas».

Con ello Moscú no solo cometía un crimen que, por el dolor que causa, equivale a tortura «u otra forma de tratamiento cruel, inhumano y degradante», sino que además viola los acuerdos internacionales de la Convención de Armas Químicas. Eso da alas a la comunidad internacional para nuevas medidas con las que apretar las tuercas al Gobierno de Putin. Las sanciones anunciadas este martes se consideran sobre todo simbólicas, porque no complicarán demasiado la vida al Kremlin, pero Washington no ha hecho más que empezar. Por eso funcionarios de la Casa Blanca clarificaron este martes a los periodistas que con ellas no intentan «recalibrar las relaciones con Rusia, ni provocar una escalada». Solo unir fuerzas con los aliados y presentar un frente común. El resto está por venir.