Un diputado 'tory' denuncia chantajes a los rebeldes contra Johnson

Wragg, en una declaración pronunciada en el inicio de la reunión del Comité de Administración Pública y Asuntos Constitucionales, que él preside, afirmó que esos actos significan quiebras del código de conducta ministerial y animó a sus colegas amenazados a denunciarlo al presidente de la Cámara de los Comunes y a la Policía.

Johnson ha respondido a la acusación de Wragg afirmando que no tiene constancia de ninguna prueba que respalde esas alegaciones. Afirmó, en una nueva entrevista con limitación de preguntas, que su prioridad es la política contra la pandemia añadió, rechazando la sugerencia de que esté batallando para salvar su posición. El presidente de los Comunes, sir Lindsay Hoyle, ha invitado a los afectados a que le escriban.

Wragg es uno de los diputados conservadores que ha pedido públicamente a Johnson que dimita, como consecuencia del desvelamiento de que el personal de Downing Street y el propio primer ministro organizaron y asistieron a reuniones sociales que habrían quebrado las normas de los confinamientos dictadas por el Gobierno durante la pandemia.

El miércoles, el veterano diputado conservador David Davis pidió la dimisión de Johnson y otro, Christian Wakeford, se unió al grupo parlamentario laborista. En la atmósfera febril de Westminster se interpreta que la «traición» de Wakeford paralizó la movilización de un grupo de diputados para reunir el número de firmas, 54, que forzarían la convocatoria de unas elecciones de nuevo líder del partido.

Wakeford, ya como diputado laborista, ha confirmado las acusaciones de Wragg. Los responsables de disciplina del grupo parlamentario 'tory' le habrían amenazado con retirar el presupuesto para la creación de una escuela en su circunscripción, si no votaba por lo que los dirigentes demandaban. No dio fecha de ese incidente, que le habría iniciado en la senda que le ha llevado a cambiar de partido.

Colaboradores de Johnson han hecho saber que el primer ministro está dispuesto a presentarse como candidato en el caso de que se alcance el número de firmas para provocar una elección. Un nuevo líder necesitaría 180 votos en el grupo parlamentario. La mayoría de los escaños 'tories' parece dispuesta a esperar a la publicación de los resultados, la próxima semana, de la investigación sobre las reuniones para decidir el futuro de Johnson.

La amenaza de retirar fondos públicos a las circunscripciones de los diputados rebeldes es chocante, porque el objetivo más significativo del programa doméstico del Gobierno es equilibrar la economía del Reino Unido. El grupo más ruidoso de rebeldes contra Johnson está formado por diputados elegidos en 2019 en áreas 'brexiters' y empobrecidas. Según analistas del sistema electoral, solo 3 de los 45 elegidos en esas comarcas retendrían su escaño si el voto fuese hoy.

La prensa conservadora ha criticado a los conspiradores porque serían inmaduros. Algunos de sus colegas les reprochan reacciones supuestamente exageradas y alardean de haber recibido múltiples amenaza de los jefes del grupo parlamentario durante sus carreras. El informe de la funcionaria Sue Gray, que se presenta ahora con una gravedad constitucional impropia, será el momento decisivo.

La televisión ITV afirma que un alto funcionario, que quiere permanecer anónimo, ha asegurado a uno de sus periodistas que envió un correo electrónico al secretario privado de Johnson, Martin Reynolds, para que cancelase la reunión con bebidas en el jardín de Downing Street, el 20 de mayo de 2010, por ir contra las reglas. Él asume que el secretario informó al primer ministro. Sue Gray habría sido informada de esa comunicación. Pero no parece el testimonio que haría imposible la continuidad de Johnson.