China permitirá a la ONU visitar la región del genocidio uigur

La visita no podrá ocurrir hasta que pasen los Juegos Olímpicos, que se inaugurarán el viernes y concluirán el 20 de febrero. Tampoco podrá constituir «una investigación», ha dicho el diario South China Morning Post. A cambio de aceptar esas condiciones, que permitirán a China posponer la publicación de un esperado informe para que no manche aún más la celebración de las olimpiadas, y enmarcarlo en términos que aminorarán las consecuencias, Bachelet quiere acceso irrestricto a los campos de concentración que China considera «de entrenamiento y vocación educacional».

La represión de esta etnia musulmana con raíces turcas se agudizó a partir de que el presidente Xi Jinping anunció en 2017 una nueva campaña para suprimir las religiones «importadas» que considera sectas contrarias al socialismo de estado. En realidad, Xi ya había ejercido la mano dura contra los uigurs desde que fuera nombrado secretario general del partido en 2010, tras los disturbios de Urumqui y sus intentos separatistas.

China niega los abusos que describen quienes ha logrado escapar de esos campamentos, calificándolo de propaganda contra su gobierno. «Otra cosa es la lucha contra el terrorismo», dijo esta misma semana el embajador Chino en Washington, Qin Gang, a la cadena NPR.

Para combatir esas acusaciones «completamente fabricadas» ha invitado a periodistas occidentales a esos campamentos de «reeducación», donde les ha presentado espectáculos esperpénticos de niños que cantan en inglés versiones de «si estás feliz toca las palmas». Bachelet puede esperar situaciones parecidas, pero su informe no se limitará a describir lo que el gobierno chino quiere que vea. Además de los testimonios de violaciones, esterilizaciones forzosas, torturas, separaciones familiares, secuestros y trabajos forzados, toda la región de Sinkiang está ahora estrechamente vigilada por una red estatal de controles policiales, aplicaciones móviles que vigilan la conducta de los ciudadanos y limitan hasta el uso de la electricidad y cámaras que escanean sus rasgos faciales y matriculas, según Human Rights Watch, que lo califica de crímenes contra la humanidad.