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zigor aldama
Katmandú
Martes, 5 de marzo 2019, 01:21
Ojo por ojo. Así funciona la diplomacia china, incluso cuando el motivo de fricción está relacionado con la Justicia -independiente en los países democráticos- y no con la política. Se volvió a demostrar ayer con la acusación formal de robar secretos de Estado realizada contra ... dos ciudadanos canadienses: Michael Spavor y Michael Kovrig. Según un escueto mensaje publicado en la red social Weibo por la Comisión Central de Asuntos Políticos y Legales del Partido Comunista, el primero -que trabaja como analista para la ONG International Crisis Group y que, además, tiene inmunidad diplomática- fue quien robó esos secretos a través del segundo, que fue quien se los proporcionó.
Lo que provoca sospechas sobre la motivación política de este caso es que ambos fueron arrestados el 10 de diciembre, 9 días después de que Canadá ordenase la detención de Meng Wanzhou, vicepresidenta de Huawei e hija del fundador de la tecnológica china, a instancia de Estados Unidos, que la acusa de haber urdido una compleja trama de empresas fantasma con el objetivo de vender tecnología americana a Irán, saltándose así las sanciones que Washington impone unilateralmente. Por si fuera poco, los cargos se hicieron públicos solo dos días después de que la Justicia canadiense decidiese continuar con los trámites de la extradición de Meng a Estados Unidos, algo a lo que China -donde no existe la independencia judicial- se opone rotundamente.
10 de diciembre es el día en que fueron arrestados los dos ciudadanos canadienses por las autoridades chinas.
Vulneración de las sanciones. Washington acusa a MengWanzhou de urdir una redde empresas fantasma para comerciar con Irán.
Antes de que la Comisión hiciese oficiales los cargos de los dos canadienses, ayer por la mañana la agencia Xinhua ya había adelantado la noticia. No obstante, los detalles del caso brillan por su ausencia. El organismo del Partido se limitó a afirmar que Kovrig entró en China en varias ocasiones con pasaporte ordinario y visado de negocios para espiar, y que Spavor, un empresario con negocios en Corea del Norte, le proporcionó esa información. «China es un Estado de Derecho y actuará con firmeza contra cualquier acto criminal que ponga en peligro su seguridad nacional», escribió la Comisión.
El Gobierno canadiense, no obstante, asegura que eso último es un gran bulo. Diferentes mandatarios, incluido el primer ministro, Justin Trudeau, han criticado que los dos detenidos en China apenas han tenido acceso a asistencia consular, no han podido contactar con sus familias, y ni siquiera están representados por un abogado. Meng, sin embargo, se encuentra en libertad bajo fianza, ha contratado a un potente equipo de letrados, y disfruta de todas las garantías de la legislación canadiense. Aunque China no traza ningún vínculo entre ambos casos, pocos dudan de que los dos canadienses están siendo utilizados como rehenes para lograr su intercambio por la vicepresidenta de Huawei.
Por su parte, Meng ha presentado una demanda contra las autoridades canadienses a raíz de su detención. Alega que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, la Policía Montada y el Gobierno violaron sus derechos constitucionales cuando fue arrestada e interrogada en Vancouver el 1 de diciembre. La demanda fue presentada el viernes, el mismo día que el Ministerio de Justicia de Canadá aprobó la tramitación de su proceso de extradición a Estados Unidos, según informaron ayer medios de comunicación canadienses.
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