Castillo, del Palacio presidencial a dormir junto a la celda de Fujimori

El hasta ayer jefe del Gobierno peruano fue trasladado allí en un helicóptero en la noche del miércoles tras prestar declaración en la comisaría de la Dirección de Seguridad del Estado por su frustrado autogolpe de Estado. Se enfrenta a una acusación penada con entre diez y veinte años de reclusión. Cuando Fujimori, el compañero de cárcel con el que desde hoy comparte horas de patio, montó su propia asonada en 1992, lo hizo cuidando que el Ejército le diera su apoyo. Aquél se mantuvo en el poder hasta su dimisión en el año 2000. Luego comenzó a deslizarse hacia el penal limeño de Barbadillo en un cúmulo de procesos. Purga una condena por su implicación en 25 asesinatos cometidos durante su autocracia, además de otros delitos contra los derechos humanos y de naturaleza financiera.

A Castillo le acompañó en el viaje Aníbal Torres. jurista y expresidente del Consejo de Ministros que se hará cargo de su defensa. Su abogado habitual, Benji Espinoza, al que había incorporado recientemente a su equipo, decidió renunciar tras la intentona golpista. «La coherencia entre el discurso y la acción define a los verdaderos hombres. Mi convicción democrática está al servicio de la defensa del Derecho Constitucional y convencional», declaró Espinoza como justificación de su renuncia. Aníbal Torres representa otra metáfora de la política peruana. Hombre de la máxima confianza del ya expresidente, éste le nombró ministro de Justicia y Derechos Humanos. Una de sus decisiones fue retirar al procurador general del Estado Daniel Soria, quien había denunciado a Castillo por tráfico de influencias.

El golpista más breve de la historia latinoamericana llegó a la prisión, donde se encuentra la sede de la Dirección de Operaciones Especiales, justo a las 22.00 horas. Entró esposado. Se le asignó una celda y pasó una revisión médica. Por puro procedimiento, continuará detenido en Barbadillo al menos hasta el sábado, aunque el plazo puede prorrogarse diez días. El juez decidirá luego si le mantiene encerrado o en libertad provisional mientras dure la investigación. La Fiscalía General solicitará que siga cautivo debido a la gravedad de los delitos que afronta: conspiración, rebelión y ataque al orden constitucional. Una lista de infracciones que hace aflorar de nuevo la paradoja peruana. El pasado 12 de octubre, el Ministerio Público ya le abrió una causa por corrupción y entonces él se quejó a un grupo de periodistas de la siguiente manera: «Se ha estrenado una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú».

La débil bufonada empezó a cocinarse el martes por la noche en la sede del Gobierno, según el trajín de afines a Castillo que se registró en el Palacio. Lo documentan hoy bien medios como 'Perú 21', 'El Comercio' y otras cabeceras que dedican extensas páginas a los hechos, en respuesta a lo insólito del caso y la expectación ciudadana. Al parecer, el líder de Perú Libre comenzó a visualizar durante esa madrugada una última salida si todo lo demás salía mal para seguir aferrado al poder.

Por la mañana, en compañía del ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, se puso en contacto con Walter Córdova, comandante general del Ejército, para exigirle la dimisión. Pero el mandatario se confió en exceso. Creyó que con el cese del principal mando militar del Estado había dejado el camino expedito y se olvidó de comprobar si las Fuerzas Armadas estarían dispuestas a apoyarle en una asonada previsiblemente turbulenta. El resultado fue de rechazo. El autogolpe decayó de inmediato en un inocuo pellizco.

Poco antes de las once de la mañana, Castillo ordenó disolver el Congreso para evitar que se debatiera la famosa moción de confianza en su contra por «permanente incapacidad moral». Convocó un Gobierno de excepción y ordenó el toque de queda. Balcuceó en varias ocasiones. A la luz de los hechos, su decisión se antoja absurda. Aparte de la posibilidad bastante sólida de salir indemne del envite del Congreso (ya se había salvado de dos mociones anteriores), su abogado le aconsejó que incluso en el caso de ser destituido existía la posibilidad de recurrir a los tribunales. En el peor escenario, seguiría durmiendo en su casa. Algunos indicios apuntan a que el presidente se hallaba muy asustadc tras saber que un exasesor del Ministerio de Vivienda, Salafel Marrubo, había firmado una confesión donde admitía haberle entregado 100.000 soles peruanos (25.000 euros).

Pese a acuñar un rechazo popular del 70%, las encuestas le daban además en las últimas semanas una cierta capacidad de remontada. Quizá pensó que el Gobierno de excepción tenía posibilidades. Y llevaba un argumento preparado para convencer a sus simpatizantes: el de que todas las acusaciones en su contra formaban parte de una perseución de la derecha para acabar con su Ejecutivo de izquierdas. El discurso se lo han comprado el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el destacado dirigente chavista Diosdado Cabello. El primero ha condenado el «hostigamiento de élites» contra «gobiernos populares», mientras el venezolano, en una peculiar vuelta de tuerca, considera que es Castillo quien ha sufrido un «golpe de Estado promovido por Estados Unidos».

Mientras el presidente se dirigía a la nación, detrás de la cámara atendía atenta la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. Desapareció de la escena casi al final, una vez que la mayoría de los titulares de carteras habían presentado sus dimisiones en cascada y el Congreso formalizó la destitución de su jefe. En el despacho se encontraba también Aníbal Torres, aunque según la investigación de 'Perú 21', el abogado no apareció en los registros de entrada del palacio presidencial . El último en dimitir fue el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, tras recibir la confirmación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de que no habría respaldo a la bufonada de Castillo. Todo eso ocurrió en el área presidencial mientras otros ministros seguían alucinados por televisión el discurso del mandatario en un despacho del Gobierno.

Si en algún momento la sombra del fujimorazo surgió sobre Perú, todo quedó ventilado en un par de horas. Los hijos y la cuñada de Castillo llenaron un coche con la ropa y otros artículos personales de la familia. Ni siquiera las guardaron en maletas. Fueron vistos transportándolas en bolsas de plástico. Luego salieron con el presidente por una puerta trasera del edificio y dejaron la sede a bordo de varios coches. Eran las 13.30 horas (21.30 horas en Esoaña). A las 13.40, el Congreso oficializaba su destitución. La caída era ya imparable.

Castillo decidió huir probablemente abrumado por el peso de su propio envite. Se enfrenta a un delito de suma importancia que puede ser la puntilla para otros seis procesos en curso que le imputan desde cohecho y el reparto arbitrario de contratos de obras hasta la organización de una red criminal para consumar las corruptelas. La propia asonada y la orden que el gobernante dio a continuación de reformar el sistema judicial pueden entenderse como una asunción de irregularidades y servir de evidencia de que trataba de obstruir a la Justicia. Si pisa la cárcel (ya lo ha hecho), es posible que no salga en muchos años.

Pero a Castillo ni siquiera le salió bien la huida. Los ciudadanos le insultaban al paso veloz de la comitiva. Intentó dirigirse a la Embaja de México para pedir cobijo. Si fallaba, tenía previsto acudir a las de Bolivia y Venezuela. Sin embargo, los vehículos quedaron bloqueados en un atasco. En el trance de intentar sortear el tráfico, su escolta recibió una llamada de la Dirección de Seguridad del Estado que le ordenó que condujeran al exmandatario a un lugar próximo al cuartel, junto a la avenida Wilson, para detenerle. El vehículo con sus allegados tomó una dirección desconocida mientras el suyo acudía al punto de encuentro. A las 13.50 horas, Castillo fue esposado.