Bruselas ofrece a Londres libre comercio pero le pide acceso a sus aguas y respeto a sus normas

Los tres años y medio de conversaciones que hicieron posible el divorcio demuestran que las muchas líneas rojas que se fijan al abrir una negociación, al final se pueden diluir. El problema es que ahora solo se dispone de diez meses. Y un acuerdo como el CETA requirió siete años.

Esa es la oferta que el Ejecutivo comunitario lanzó este lunes a Reino Unido para que la desconexión definitiva, el próximo 31 de diciembre, sea lo menos traumática posible. La premisa que envolvería las discusiones Bruselas-Londres es que cuanto más se ajusten los británicos a los estándares de la UE (en materia medioambiental, social e incluso de ayudas públicas), mayor acceso tendrán a un mercado que le ofrece más de 450 millones de potenciales clientes. Hoy, de hecho, ese mercado ya absorbe en torno al 45% de sus exportaciones en bienes y servicios. Cumplir 'estándares' no es para Bruselas 'alinearse' con las normas comunitarias. Pero sí propone «mecanismos de regulación y arbitraje» que vigilen el cumplimiento de esas normas. Y ahí choca con Londres. Johnson no acepta ese marcaje. Y la UE tampoco va a ceder porque entiende que, de hacerlo, se arriesga a una «competencia desleal» a sus empresas. Sobre la base de la reciprocidad, la propuesta de libre comercio, ese «cero aranceles, cero cuotas» es notablemente ambiciosa y se refiere a todos los servicios empresariales, telecomunicaciones, comercio digital, etcétera. Pero el negociador europeo, Michel Barnier, insiste, «no a cualquier precio».

Se convierte en la otra condición fundamental: que los pescadores a un lado y otro del canal de la Mancha puedan mantener su actividad sin interrupción. Eso incluye que Reino Unido pacte cuotas de captura de distintas especies con la UE, haga sostenibles los caladeros e incluso participe en el intercambio de esas cuotas. El acuerdo de pesca «es indisociable» de la negociación comercial, subrayó Barnier. La actividad de pescadores de media docena de países europeos, entre ellos de Francia y España, depende en gran medida de ese poder seguir trabajando en las aguas británicas. La pesca apenas supone el 0,1% del PIB del Reino Unido, pero Johnson siempre ha remarcado que «recuperar el control de nuestras aguas» era uno de sus grandes objetivos.

Se plantea como el segundo gran asunto de la negociación. «Debe prevalecer una cooperación estrecha para combatir el terrorismo y la ciberdelincuencia», aseguró el negociador de la UE. En este punto se aboga por establecer una serie de mecanismos que permitan el intercambio fluido de información, compartir bases de datos y, en definitiva, mantener un nivel de «cooperación judicial y policial en materia penal». El problema aquí está en el papel del Tribunal de Justicia de la UE, que es el que interpreta la legislación europea y que ha sido repudiado por los 'brexiters'.

En el documento de 33 folios que establece las directrices de la negociación, Gibraltar es citado en tres ocasiones en dos párrafos. Y dice lo siguiente: «Gibraltar no se incluirá en el ámbito territorial de los acuerdos que se celebren entre la Unión y Reino Unido. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de tener acuerdos separados entre la UE y Reino Unido (…) esos acuerdos separados requerirán un acuerdo previo del Reino de España». Esto implica dos cosas: un hipotético pacto sobre la relación futura a partir de 2021 no alcanza de partida a Gibraltar. Y si lo hace será solo como una especie de anexo que atendería los requerimientos que haya hecho España después de una negociación paralela y bilateral con Londres sobre el Peñón. Ésta aún no ha comenzado. Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, será el actor más débil en esa negociación.

El Consejo de Asuntos Generales de la UE daría el 'ok' a la Comisión Europea para comenzar a negociar con Londres el próximo día 25. Lo que deja realmente diez meses para sellar un acuerdo. Podría ampliarse uno o dos años más. Pero esa prórroga tendría que formalizarse antes del 1 de julio, que también marca otros límites. Antes de esa fecha debe cerrarse el pacto para que los pesqueros accedan a las aguas británicas y, también, cómo operarán los servicios financieros de la 'city' londinense en territorio comunitario.