La junta militar birmana ataja la rebelión con tanques en las calles

La junta militar ha intensificado su maquinaria represora mientras en ciudades como Rangún los habitantes levantaban ayer barricadas y organizaban patrullas ciudadanas para desafiar el toque de queda impuesto por el Ejército e impedir detenciones, que suman ya más de 400 desde la asonada. «Por supuesto, tenemos miedo porque los soldados están armados», confesaba este lunes por la noche yo Ko Ko, de 39 años, en una jornada en la que miles de personas volvieron a manifestarse en buena parte del país.

Las marchas, eso sí, fueron menos numerosas que las de días anteriores, ante el creciente temor de la población a que las movilizaciones acaben ahogadas en sangre como ya ocurrió en las dos últimas revueltas de 1988 y 2007. Con los últimos pasos dados por el Ejército en esa dirección, el miedo a las represalias se ha reavivado en la mente de todos en el país, que vivió bajo el yugo de los militares durante casi 50 años desde su independencia en 1948.

Este lunes, mientras en Rangún una multitud se congregó cerca las Embajadas de China y de Estados Unidos y de la sede del banco central desafiando a los tanques para pedir a los funcionarios que se pongan en huelga, en Mandalay -la segunda ciudad más grande de Myanmar- se registraron al menos seis heridos después de que la Policía disparara pelotas de goma contra los manifestantes, que respondieron con el lanzamiento de ladrillos. Por su parte, en Naipyidó, la capital administrativa, decenas de jóvenes fueron arrestados al ser dispersada por la fuerza una concentración.

A la represión de las movilizaciones se sumó el apagón de internet ordenado por los golpistas durante ocho horas. Aunque las conexiones se restablecieron en las últimas horas, las redes sociales siguen restringidas para la mayoría de los usuarios, a fin de que no puedan coordinar actos de protesta.

El nuevo hombre fuerte del país, el general Min Aung Hlaing, ha concedido además poderes excepcionales a la Policía para realizar registros sin orden judicial o detener a personas durante un breve periodo sin autorización de un juez. Al mismo tiempo, la junta se ha lanzado a la búsqueda de siete destacados activistas y ha amenazado con represalias a quien proporcione ayuda o refugio a estos «fugitivos».

Un tribunal birmano aplazó entretanto a este miércoles la vista que debía haberse celebrado el lunes contra Suu Kyi, a quien los militares acusan de importar ilegalmente walkie-talkies. La decisión judicial vino acompañada de una prórroga del periodo de detención de la Nobel de la Paz, que continúa bajo arresto domiciliario.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó de «inaceptables» los informes sobre violencia, intimidación y acoso en Birmania. En este sentido, exigió a los generales de Myanmar que autoricen «urgentemente» la entrada de una diplomática para «evaluar la situación».