Irán no quiere testigos de las protestas

A la persecución que sufren los reporteros locales hay que sumar la presión a su entorno. «Las familias de muchos periodistas detenidos han sido intimidadas para permanecer en silencio, la amenaza es que, si denuncian el caso de forma pública, se prolongará la detención de sus seres queridos», denuncia el CPJ. Informar es muy complicado para los reporteros locales e imposible para los internacionales debido a la no concesión de visados de prensa desde septiembre.

Las protestas estallaron en Irán en septiembre tras la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la Policía de la Moral de Teherán. Le detuvieron por no llevar de forma correcta el velo y no salió con vida de las dependencias policiales. Desde entonces se suceden las movilizaciones, hay al menos 500 muertos, según los datos de la Human Rights Activists News Agency (HRANA), y al menos dos jóvenes han sido ahorcados después de juicios rápidos que las organizaciones humanitarias denuncian por la falta de garantías. Los dos ejecutados fueron acusados de 'moharebeh', que se puede traducir como 'enemistad contra Dios', que en Irán acarrea la pena capital.

En el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicado en diciembre, la república islámica ocupó el tercer lugar como país con más periodistas encarcelados, superado por China y Birmania.

En estos cuatro meses han llegado a los medios internacionales denuncias de abusos sexuales contra mujeres detenidas en las protestas. El régimen siempre lo ha negado y ha defendido que se trataba de «informaciones de medios hostiles», pero esta semana el portal de noticias Mezan, vinculado al Ministerio de Justicia, informó de que «el vicepresidente de la autoridad judicial para asuntos internacionales y secretario del Consejo Superior de Derechos Humanos, Kazem Gharibabdi, ha pedido al fiscal general del país que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las denuncias de agresión sexual y violación de algunos reclusos».