Irán envía a la horca a un conocido futbolista por apoyar las protestas

Por medio de un comunicado, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesiones (Fifpro) denunció la sentencia a la pena capital y solicitó a las autoridades de la república islámica su revocación. «Fifpro está conmocionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo», señaló la organización en su nota.

El joven, que ha jugado en equipos como el Rah-Ahan, el Tractor y el Gol-e Rayhan, ha sido declarado culpable de un delito llamado 'moharebeh', es decir, 'enemistad con Dios', según precisó este martes el portal 'IranWire'. Éste se castiga con la horca, una pena que ya sufrieron el joven Mohsen Shekari, el pasado jueves, y el luchador Majid Reza Rahnavard, este lunes. Ambos de 23 años.

Solo uno de los internacionales iraníes que acudieron al Mundial de Qatar ha reaccionado ante las ejecuciones. Se trata del portero Alireza Beiranvand, al pedir a través de Instagram que las condenas fuesen revocadas. De igual modo, 'IranWire' desveló que la familia de Nasr-Azadani «ha sido amenazada repetidamente por las fuerzas de seguridad de la república islámica» si desvelaban informaciones sobre la situación judicial del futbolista.

Desde la muerte el pasado 16 de septiembre a manos de la Policía de la moral de la joven kurda iraní Mahsa Amini por llevar mal puesto el velo, las protestas contra el régimen han dejado al menos 300 muertos, según datos de la Guardia Revolucionaria de Irán. No obstante, organizaciones de derechos humanos elevan a 400 la cifra de fallecidos. A ello añaden que al menos una docena de personas aguardan en el corredor de la muerte.

El fiscal general de la provincia de Teherán, Alí al-Qasimehr, precisó este martes que 400 personas han sido condenadas en la capital por su participación en los «disturbios», como denomina el régimen a las movilizaciones. «Durante las audiencias sobre los alborotadores en la región, 160 personas fueron sentenciadas a penas que oscilan entre cinco y diez años de prisión, 80 personas a penas de dos a cinco años y 160 personas a penas de hasta dos años», señaló en declaraciones a Mizan Online, la agencia del poder judicial.