China imputa por espionaje a dos canadienses

Por si fuese poco, pasaron más de cinco meses desde su detención hasta su arresto formal, en mayo del año pasado, y a menudo tanto Kovrig como Spavor fueron interrogados durante ocho horas seguidas y alojados en celdas con luz ininterrumpida.

Canadá considera que su proceso es arbitrario y que tiene claros tintes políticos, ya que sus dos ciudadanos fueron detenidos nueve días después del arresto en Vancouver de Meng Wanzhou, responsable financiera e hija del fundador de Huawei, cuya extradición a Estados Unidos está pendiente. El primer ministro, Justin Trudeau, llegó a decir que «China utiliza detenciones arbitrarias con fines políticos», y desde entonces las relaciones entre ambos países se han deteriorado como nunca antes.

Pekín, sin embargo, niega que estos dos casos guarden relación alguna con el de Meng. «Los hechos de los crímenes están claros y hay suficientes evidencias para sustentar las acusaciones», comentó ayer el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, que no ofreció ningún detalle sobre las supuestas pruebas obtenidas.

Concretamente, ambos hombres están acusados de 'espiar secretos nacionales'. Pero luego hay sutiles divergencias en los cargos que pesan sobre ellos. Mientras que a Kovrig –exdiplomático en excedencia– un tribunal de Pekín le imputa que estuviese trabajando para servicios de Inteligencia en el extranjero, a Spavor –empresario con negocios en Corea del Norte– una corte de la ciudad fronteriza de Dandong le acusa de 'proveer esos secretos a entidades foráneas'. En ambos casos, la sentencia mínima es de diez años de prisión, que podría extenderse hasta la cadena perpetua. Sus posibilidades de ganar el caso son casi nulas, ya que estos procesos acaban en condena en más del 99% de las ocasiones.

«Desde el punto de vista de la Justicia china, una vez que el órgano procurador toma esta decisión, el caso avanza hacia un juicio. Y es muy posible que estos no se conduzcan de forma abierta, que no admitan observadores, y que tanto el caso como el veredicto no sean públicos», comentó al diario canadiense 'Globe and Mail' Zhang Dongshuo, abogado de Robert Schellenberg, otro canadiense que fue sentenciado a muerte el año pasado por narcotráfico.

Diferentes activistas denuncian que estos casos chocan con las garantías de las que ha disfrutado Meng en todo momento –se encuentra en libertad con restricción de movimientos– y demuestran, a su vez, la flagrante falta de seguridad jurídica de China y el control absoluto que el Partido Comunista ejerce sobre el sistema judicial del país. Esto también se ha evidenciado en la sentencia a cuatro años de cárcel dictada el pasado día 17 contra el abogado Yu Wensheng, activista pro derechos humanos que también permaneció más de 900 días detenido antes de que se le procesara.

«Sus derechos no han sido respetados», denunció ayer la Delegación de la Unión Europea en China, que también exigió «respeto al Estado de Derecho» y que «se investiguen los casos de detenciones arbitrarias y torturas, tanto de los activistas como de sus familiares».