El Senado brasileño reclama procesar a Bolsonaro por crímenes contra la humanidad

Con él, han sido implicadas 78 personas. Figura en esta lista toda la representación de lo que es y ha sido el bolsonarismo: sus tres hijos, ministros y antiguos miembros del gabinete, diputados y un gobernador, aparte de dos empresas y ejecutivos aparentemente bien relacionados con la Administración. Un clásico para modelar el mayor varapalo político a Bolsonaro en sus casi tres años de mandato presidencial.

La solicitud de una intervención judicial le deja además a los pies del Tribunal Supremo, la Fiscalía General e incluso el Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI), donde los senadores enviarán el informe. Conscientes de las escasas esperanzas de lograr sentarle en el banquillo, los parlamentarios pretenden conseguir al menos un golpe simbólico de calado mundial, sobre todo si el TPI acepta examinar el caso.

El jefe del Ejecutivo ya ha acusado la bofetada. Su primera reacción ha consistido en declarar que la resolución senatorial «es una payasada», aunque admite que un informe de tal envergadura «causa muchos problemas». De momento, está en el aire su asistencia a la cumbre climática de Glasgow a partir de este fin de semana. El líder conservador no quiere presentarse bajo la sombra de la sospecha a un foro global de máximo nivel, rodeado de mandatarios donde no tiene precisamente una abundancia de amigos y en el que falta Donald Trump.

El expresidente de Estados Unidos, inspirador en alto grado de su comportamiento, le envió este miércoles un soplo de aliento exclamando que el brasileño «es un gran presidente y nunca defraudará a la gente de su país». Paradojas del populismo difusor de 'fakes', Trump tuvo que distribuir su mensaje por correo electrónico ya que ha sido expulsado de las plataformas sociales, lo que establece un paralelismo más con Bolsonaro, a quien han retirado el vídeo donde relaciona la vacuna contra el coronavirus con el riesgo de contraer el VIH. El Senado manifestó este miércoles que solicitará a Facebook, Twitter e Instagram que cierren sus cuentas.

El informe, de casi 1.300 páginas, es el resultado de seis meses de trabajo y fue aprobado el martes (madrugada de este miércoles en España) por siete votos a favor y cuatro en contra. El relator de la comisión, el senador Renan Calheiros, señaló que «la actuación de Bolsonaro se ha mostrado poco comprometida con la lucha efectiva contra la pandemia y, en consecuencia, con la preservación de la vida y la integridad física de miles de brasileños». Calheiro añade que «la responsabilidad es de mucha gente», pero sobre todo del jefe del Ejecutivo, a quien califica de «serial killer». El documento le implica supuestamente en unas 120.000 muertes por sus mensajes negacionistas, equívocos, y la dejadez del Gobierno. No parece extraño que su único respaldo internacional haya procedido de Donald Trump.

Pese a que el presidente y la derecha brasileña ya barruntaban este dictamen, la dureza de las imputaciones y el discurso seco del relator han sacudido la política nacional y removido al dirigente que solía calificar a los opositores y a los investigadores de «babosas», «mentirosos» y «sinvergüenzas». La resolución le confronta con la presunta comisión de un delito epidémico con resultado de muerte, la violación de medidas sanitarias preventivas debido a su menosprecio a restricciones como los confinamientos o la mascarilla, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos, curanderismo incitación al delito, falsificación de documentos privados y un delito de responsabilidad, además de los ya citados de lesa humanidad.

A los investigadores no les ha resultado complicado encontrar elementos acusatorios: desde las declaraciones del mandatario contra las vacunas o las mascarillas hasta sus multitudinarias arengas públicas, los enfrentamientos con los gobernadores contrarios a su estrategia, el retraso en la compra de vacunas -cuando incluso alguna farmacéutica se ofreció a suministrar elevadas cantidades de antivirales de modo urgente- o el hundimiento del sistema hospitalario. El colapso causó una devastadora oleada de muertes en estados como Acre, Sao Paulo o Amazonas, en cuya capital, Manaos, los fallecimientos se sucedieron en situaciones sumamente angustiosas por la falta de oxígeno.

La extravagancia de su defensa acérrima de la cloroquina como producto eficaz contra el Covid-19 -contraproducente según los médicos-, las dudas sembradas sobre la inmunización y sobre todo esa insistencia en airear informaciones falsas e interesadas también han sido claves en las formulaciones del Senado. Cabe destacar que todas las irregularidades, menos las de lesa humanidad, encajarían en la calificación de delitos comunes y no parece probable que el fiscal general -designado por el propio Bolsonaro- y los tribunales estén dispuestos a iniciar un proceso judicial o la inhabilitación del presidente cuando falta un año para las elecciones y cualquier cargo estaría motivado sobre un informe político y no en una investigación policial. Al jefe del Gobierno le queda además otro argumento de descarga: la responsabilidad compartida que tendrían sus gobernadores en un Estado federal como Brasil.