La represión agrava la crisis política de Perú

Lo confirmó el juez supremo Juan Carlos Checkley por considerar que el exmandatario pudo haber cometido los delitos de rebelión y conspiración. Estará en la misma cárcel que Alberto Fujimori, que dirigió el país entre 1990 y 2000. Entre los argumentos del magistrado se encuentran el discurso que realizó Castillo desde el Palacio de Gobierno, donde disolvió la cámara y buscó sin éxito hacerse de todos los poderes del Estado junto a las Fuerzas Armadas y la Policía.

Mientras, el estado de emergencia, que autoriza al Ejército a intervenir contra los disturbios, no logra frenar la tensión, y la violencia se extiende por el país andino, sobre todo en el sur, cuna del populista expresidente. El principal foco de tensión se sitúa en Ayacucho, donde un grupo de personas este miércoles invadió el aeropuerto arrojando piedras y cohetes, mientras los militares respondieron con bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros y disparos de armas de fuego, lo que dejó 7 muertos y 52 heridos.

Lejos de vislumbrase una solución cercana, el Gabinete interino de Dina Boluarte se debilita por momentos. Los ministros Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, seis días después de asumir sus carteras han renunciado a sus cargos por la «desproporcionada» respuesta a las manifestaciones antigubernamentales. «La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser generadora de muerte», escribió Correa en Twitter. Pérez, por su parte, sostuvo que «la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hace insostenible» su permanencia en el Ejecutivo.

«Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, que, lamentablemente, se han visto vulneradas en las últimas horas», destacó.

«En Ayacucho se puede observar en los vídeos que civiles con carteles en la mano han recibido balazos de miembros del Ejército. Eso es ejecución extrajudicial. Es asesinato. Estamos documentando todo lo que ha ocurrido para poder presentar una denuncia penal contra el Ejecutivo», dijo, a su vez, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, Gloria Cano.

Para incrementar aún más las desavenencias, el Congreso, crispado y enfrentado, ha rechazado adelantar las elecciones a 2023. Este anticipo, al que en principio se había negado la presidenta, se ha convertido en piedra angular para lograr pacificar las protestas. El pleno rechazó este proyecto, que planteaba que el mandato provisional terminara el año que viene. La iniciativa solo obtuvo 49 votos, sin llegar a los 66 necesarios para que luego fuera ratificado por los peruanos en referéndum. Renovación Popular y Avanza País (derecha) y Perú Libre y Bancada magisterial (izquierda) votaron en contra de la propuesta, lo que provocó una gresca en el Congreso que desembocó en la cancelación de la sesión hasta una fecha no programada.

«El pueblo los juzgará por sus votos. Perdónanos Perú. Frente a la crisis, a las muertes, a las agendas violentistas y, ahora, el rechazo al adelanto de elecciones», dijo al final de la sesión la congresista del partido Morado (centro), Susel Paredes.

La reclamación de los peruanos que han salido a las calles era el adelanto de elecciones y «que se vayan todos». No parecen dispuestos a aceptar soluciones parciales que acallen las protestas, pero no afronten los verdaderos problemas de la ciudadanía.