Petro denuncia un «golpe de Estado» judicial y llama a los colombianos a una movilización general

«Ha comenzado el golpe de Estado», advirtió Gustavo Petro en su primera reacción a la investigación abierta contra su persona por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por una presunta vulneración del límite de gasto permitido para las elecciones de 2022. El presidente de Colombia considera el organismo viola claramente la Constitución y el propio fuero del jefe de Estado y «pone en peligro la institucionalidad« que representa.

Como repuesta Petro llamó nuevamente a una «movilización generalizada» y solicitó a todas las organizaciones populares que se reúnan en asamblea permanente. «Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la república elegido constitucionalmente ordeno a la fuerza pública no levantar una sola arma contra el pueblo».

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió el pasado miércoles por mayoría formular cargos por las campañas presidenciales de la coalición Pacto Histórico, liderada por el actual presidente, el movimiento político Colombia Humana y el partido Unión Patriótica (UP).

El CNE acusa a Petro, a la gerente, a la tesorera y los auditores de su formación de excederse en más de 5.355 millones de pesos colombianos (1,16 millones de euros) por encima del límite permitido. Esta decisión podría terminar en sanciones y derivar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Fiscalía.

Las magistradas Fabiola Vázquez Márquez y Alba Lucía Velázquez se desligaron de la resolución adoptada por los otros siete miembros del CNE. En su opinión, el órgano no es competente para investigar al presidente de la República.

Petro cuenta con quince días para ejercer su derecho a la defensa. Seguramente sus letrados insistirán en que solo la Comisión de Acusación de la Cámara está facultada para investigar, acusar e incluso separar del cargo a un jefe de Estado vía juicio político.

Conocida la decisión del Consejo, Petro se dirigió al país con un discurso en el que volvió a pedir una movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa estricta de la democracia. «Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia», dijo el primer presidente colombiano de izquierdas, votado hace dos años por más de once millones de ciudadanos.

Algunas fuentes legislativas consideraron este proceso como una violación de la Constitución y de las garantías del presidente en ejercicio, y aseguraron que probablemente el CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) intervendrá a favor del presidente. Petro desmintió en su discurso todas las presuntas acusaciones en las que el CNE se ha basado para abrir una investigación que considera «al margen de la ley».

Algunos medios del país latinoamericano recordaron que algo parecido ya había pasado en el llamado «proceso 8.000» contra el entonces presidente Ernesto Samper (1994 y 1998), que fue acusado por el fiscal de recibir dinero del narcotráfico para su campaña presidencial. Sin embargo, la Comisión de Acusación de la Cámara ordenó absolver y archivar el proceso.

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