La ONU denuncia que el gobierno de Maduro comete «crímenes de lesa humanidad»

El gobierno de Nicolás Maduro está cometiendo «crímenes de lesa humanidad». Esta es la conclusión principal de la misión de Naciones Unidas en Venezuela, cuyo informe se ha conocido este martes. «Durante el período que abarca el presente informe, y especialmente tras la elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Estado reactivó e intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión», señala el texto al que ha tenido acceso este periódico.

Según la misión, encabezada por la portuguesa Marta Valiñas, el equipo de Nicolás Maduro se centra ahora en acabar con la totalidad de la oposición pacífica a través de una serie de acciones que no son «aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir» a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la retórica oficial. «Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano», señaló ante la prensa Valiñas.

El informe, realizado por la jurista Valiñas, el letrado chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, se centra en los sucesos acontecidos en el país suramericano entre el 1 de septiembre de 2023 y el pasado 31 de agosto. Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre y marzo pasados bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra otras personas, que no solo son activistas, periodistas u opositores políticos, sino incluso militares.

«La actual crisis que vive Venezuela es la peor de la historia reciente y que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho tras las elecciones presidenciales del 28 de julio», denuncia el informe.

En las más de 21 páginas del texto de Naciones Unidas, Valiñas, Cox y Tappatá documentan decenas de arrestos y campañas de represesión contra los contrincantes políticos del gobierno de Venezuela. «Todas las detenciones se producen sin orden de aprehensión, no se identifica la fuerza que los detiene, no se dice a qué lugar son llevas las personas detenidas. Según la legislación venezolana, a las 48 horas las personas tienen que ser presentadas en una audiencia. Después del 28 de julio, casi todas las detenciones son arbitrarias, no se informan a dónde es trasladado el detenido, las personas no pueden designar abogado. El Gobierno de Venezuela extrema los límites de lo que está permitido», se detalla en el texto.

Esta misión, que presentará sus conclusiones el próximo jueves al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es una nueva vuelta de tuerca a la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La presentación coincidirá con la votación del Parlamento Europeo sobre la posición de la Unión Europea ante la crisis política en las elecciones presidenciales venezolanas, donde la oposición mayoritaria reclama la victoria.

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