El nuevo presidente de Argentina tiene ya amparo legal para luchar contra la crisis

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva fue aprobada en la mañana del viernes en el Congreso por 134 votos a favor y 110 en contra tras una sesión que se prolongó durante 19 horas. El mismo viernes por la noche pasó al Senado, que la sancionó de madrugada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención. La sesión en la Cámara Alta, que duró cerca de 14 horas, representó el debut de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) como cabeza del Senado.

La nueva norma delega facultades en el Ejecutivo para todo el período 2020, aumenta impuestos a bienes personales, a la exportación agropecuaria y a la adquisición de dólares para turismo y atesoramiento. Congela tarifas de servicios públicos hasta su rediscusión y suspende el mecanismo de aumento automático para los jubilados. También condona deudas de pequeños empresarios, permite conceder estímulos a la producción y otorga beneficios a sectores vulnerables.

El presidente aseguró que la suspensión por seis meses del régimen que otorgaba aumentos automáticos a pensionistas de acuerdo a un índice ya aprobado no implicará pérdida de beneficios. Fue ese uno de los puntos más controvertidos de la ley. «Queremos recomponer jubilaciones con un criterio de igualdad», aclaró Fernández. Su Gobierno otorgará un bono de 5.000 pesos (75 euros) en diciembre y en enero a los que ganan el mínimo (211 euros) que son mayoría.

La suspensión de la fórmula del aumento genera incertidumbre. En los últimos años los retirados han perdido un 20% de capacidad adquisitiva. El Gobierno asegura que su intención es que recuperen poder de compra pero empezando por los que menos ganan. Legisladores de la oposición temen que el resto reciba aumentos de menor proporción. «No queremos ir contra nadie sino poner un poco de equilibrio y orden», dijo el presidente. La oposición denunció que las jubilaciones de jueces y diplomáticos, las más altas, habían quedado fuera de la suspensión de aumentos. Pero Fernández anunció que apura un nuevo proyecto que cambiará esos beneficios.

Según el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ley es una herramienta necesaria «para poner en eje cuestiones que no pueden esperar». Aclaró que no se trata de un ajuste sino que apunta a reactivar rápidamente la economía -que habrá caído más del 3% a fin de año- y a dar alivio a los que menos tienen. Aseguró además que los aumentos a jubilados se otorgarán por decreto cada tres meses comenzando en marzo, hasta que se configure un nuevo índice. Y prometió un ajuste en el gasto del Estado mediante la reducción de asesores y vehículos oficiales.

Los mercados reaccionaron el viernes favorablemente ante los cambios propuestos, con alzas de bonos y acciones y una caída del riesgo país que mide las posibilidades de impago. Uno de los capítulos más 'antipáticos' de la norma -según reconoció Cafiero- es el que fija un 30% de recarga a la adquisición de dólares para atesorar y otro 30% a gastos con tarjeta de crédito en el exterior. Lo justificó en la escasez de dólares para cumplir con el pago de la deuda externa, que está al borde del cese de pagos. Para hacer frente al aumento de la pobreza el Gobierno también ha puesto en marcha esta semana el Consejo Federal contra el Hambre, que otorgará una tarjeta electrónica a los más pobres para acceder a alimentos gratuitos por 6.000 pesos mensuales (90 euros).