Las heridas abiertas de Colombia

Las noticias sobre la pandemia provocada por la Covid-19 apenas estremecen al pueblo colombiano. El virus no mete tanto miedo en el cuerpo de sus ciudadanos como la destrucción de los Acuerdos de Paz firmados en 2016, a pesar de un plebiscito en el que el 'no' resultó ganador gracias a la campaña del expresidente Álvaro Uribe. Triunfa la teoría de que Colombia está a las puertas de afrontar el tercer conflicto más violento de su historia. Se lo ha preguntado el antropólogo y doctorado en Ciencias Políticas, Francisco Gutiérrez Sanín, en su último libro titulado '¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia?'.

Desde marzo de 2017 existe en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Nació poco después de firmarse el Acuerdo de Paz entre el Gobierno presidido por Juan Manuel Santos y la principal guerrilla del país, las FARC. La JEP tiene en su agenda siete casos por investigar y juzgar que aterrorizan a cualquier ciudadano. Los titula 'Caso 01' y así sucesivamente. Y ese 01 pertenece a la imputación de exlíderes guerrilleros de las FARC de delitos de lesa humanidad por el secuestro de 2.107 personas entre 1993 y 2012. La investigación, no obstante, cree que las víctimas fueron realmente 20.000.

El próximo 30 de abril los principales señalados como responsables de semejante atrocidad tendrán que responder a las imputaciones. Se da el caso de que los ocho miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), nombre adquirido después del Acuerdo de Paz, entonaron el 'mea culpa' el pasado septiembre. Pero la página no ha pasado: «El secuestro sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad», fue la frase más reproducida por los medios y que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, pronunció antes de acogerse a los beneficios del acuerdo firmado en La Habana y que le permitían entrar en el Congreso colombiano.

Según el director del diario 'El Espectador', Fidel Cano, el pueblo colombiano espera que los acusados por esos secuestros «acepten su delitos y paguen las penas acordadas en el acuerdo de paz; la justicia que se negoció no contempla la impunidad, solamente que a cambio de abandonar la guerra armada se aplican penas menores. Y por supuesto existe algún tipo de amnistía, pero exclusivamente para los delitos de carácter puramente político y estos no lo son. Así que esa idea de que esto va en contra del acuerdo es lejana de la realidad y los líderes lo saben. Deben aceptar los cargos como parte de ese acuerdo. Si no lo hicieren, pues esa misma justicia contempla un procedimiento de procesamiento diferente y más severo. No creo que lo escojan. Yo no les recomendaría hacerlo».

A juicio de algunos disidentes de las antiguas FARC, el Gobierno de Iván Duque ha incumplido los acuerdos. Cada día encuentran más líderes sociales asesinados, y la removilización de los cuadros intermedios de las guerrillas es notoria. Los disidentes siguen reclutando personal, las masacres son diarias en poblaciones pobres e indefensas y el sistema político parece estar abierto a la confrontación.

En este sentido hay que anotar la última aparición de Jesús Santrich, que llegó a acogerse a los acuerdos de paz y el año pasado decidió huir del país para volver a la guerrilla. Desde Venezuela, donde se cree que Nicolás Maduro avala a los disidentes, Santrich lanzó un mensaje al actual presidente de Colombia, Iván Duque: «Memento mori. A todo Procusto le llega su deseo, es decir a todo marrano gordo le llega su diciembre. Nos vemos». Actualmente prófugo de la justicia, Santrich también es perseguido por delitos de narcotráfico. «No temo a las amenazas de delincuentes», contestó Duque.

La JEP, que el viernes pasado obtuvo el apoyo de Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español, tiene ante sí la investigación del Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en conflicto por agentes del Estado.