Guaidó denuncia el acoso a su familia

«Les hago responsables de cualquier cosa que le puedan hacer a mi bebé», avisó Guaidó al finalizar su intervención en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. El líder de la Asamblea Nacional, de 35 años, abandonó entonces el edificio junto a su esposa y pidió a diplomáticos presentes en la conferencia que les acompañaran.

Guaidó apareció poco después a la puerta de su vivienda con su hija Miranda en brazos y declaró a los numerosos medios que le esperaban allí que «no van a intimidar a esta familia». Los vecinos aseguraron que hombres que se identificaron como miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales habían llegado a la entrada del edificio de apartamentos en un SUV blanco. Cuando los periodistas llegaron a la casa de Guaidó no había ya presencia policial.

El líder político ya había sido detenido el pasado 13 de enero por funcionarios del servicio de Inteligencia cuando acudía a una reunión con simpatizantes en el Estado de Vargas, cerca de Caracas. Fue liberado después de media hora. Antes del incidente de hoy, los abogados de Guaidó en Washington habían alertado sobre «la inminencia de su detención» y habían solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se ampliaran las medidas cautelares para su representado. El Tribunal Supremo de Venezuela decretó a principios de esta semana la prohibición de que Guaidó saliera del país, además de medidas para bloquear sus cuentas bancarias e impedir que pueda enajenar sus bienes.

Estados Unidos, que respalda al joven político, ha advertido de «serias consecuencias» si el Gobierno de Maduro le causa algún daño. «Claramente, este fue un intento de intimidación a él y a la oposición», dijo el senador estadounidense Marco Rubio. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó «enérgicamente» el hecho.

La lucha política entre Maduro, investido este mes para una segunda legislatura, y Guaidó, que se declaró presidente interino la semana pasada, ha dividido a la comunidad internacional. En un lado de la lucha por el control de Venezuela, Guaidó y los patrocinadores occidentales liderados por Estados Unidos insisten en una transición inmediata y nuevas elecciones. En el otro, Maduro, respaldado por Rusia, China y Turquía, acusa a la oposición de intentar un golpe de Estado y asegura que completará su segundo mandato de seis años a pesar de las acusaciones de fraude en su reelección el año pasado.

Maduro, quien asumió el cargo por primera vez en 2013, ha enfrentado oleadas de protestas en los últimos años mientras asistía al colapso de la economía, afectada por la hiperinflación y la escasez crónica de alimentos, a pesar de ser el miembro de la OPEP con las reservas de petróleo más grandes del mundo.

Unos tres millones de venezolanos han abandonado ya el país en busca de mejores condiciones de vida. Para enfrentar esta situación, Guaidó intenta desarrollar el llamado Plan País que presentó hoy en la universidad caraqueña, cuyo primer paso será «atender la emergencia humanitaria» en los campos de la salud y la alimentación, y emprender acciones para «frenar en seco» la inflación, reactivar la industria petrolera e ir hacia el restablecimiento del acceso a los bienes y servicios públicos».

Mientras busca apuntalar el apoyo a Guaido, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones el lunes a la empresa petrolera estatal PDVSA con el objetivo de frenar las exportaciones de crudo de Venezuela. Los puertos del país se están convirtiendo en un cuello de botella, con aproximadamente 25 petroleros cargados con alrededor de 18 millones de barriles de crudo -más de dos semanas de producción- a la espera frente a la costa. Las sanciones de EE UU impiden que compradores como Valero y Chevron paguen el petróleo en cuentas a las que Maduro puede acceder, dejando a los buques fondeados.