El Gobierno chileno alerta que el orden público se ha «sobrepasado» por los disturbios

«La violencia está causando un daño que puede ser irreparable», añadió el mandatario en un mensaje televisado desde el palacio de Gobierno, en el que apuró al Congreso a aprobar leyes para aumentar las sanciones para quienes provoquen desórdenes públicos. Anunció, asimismo, que a partir del lunes 2.500 nuevos policías se integrarán a las labores de control. La nueva noche de furia alejó el intento de Piñera de avanzar en un plan de «reconstrucción» del país, que hace frente desde el 18 de octubre al peor estallido social desde el retorno a la democracia en 1990.

Ninguna medida de carácter social -como, por ejemplo, un incremento de las pensiones básicas de un 50% para todos los beneficiados en dos años-, ni tampoco el histórico acuerdo político para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), han logrado bajar los niveles de tensión en el país. Desde que estallaron las protestas se han reportado 23 muertos y miles de heridos, además de daños gigantescos en el comercio, lugares patrimoniales y el mobiliario público. «Llegó el momento de decir basta; el Gobierno está haciendo su trabajo con todos los instrumentos de la democracia», advirtió Piñera.

Sin embargo, al cumplirse 40 días de protestas, el vandalismo tomó nuevo impulso en la última jornada. En la ciudad de La Serena, a unos 480 kilómetros de Santiago, encapuchados saquearon e incendiaron el tradicional hotel Costa Real. En la localidad portuaria de San Antonio, en la región de Valparaíso, se replicó el desorden con actos vandálicos que incluyeron la quema de las oficinas del diario local El Líder, un ataque contra los medios similar al perpetrado al inicio de la convulsión cuando fue quemado el diario El Mercurio de Valparaíso, el periódico más antiguo de Chile.

Más al sur, en Concepción, una masiva manifestación -congregada en medio de la huelga de dos días llamada por el principal sindicato de Chile (CUT)- terminó con incidentes entre encapuchados y agentes de policía. Y en Santiago, dos estaciones de metro volvieron a sufrir daños, sumando problemas a la red de ferrocarril metropolitano, el primer blanco en el estallido de las revueltas con más de 70 estaciones dañadas.

Al inicio de jornada, el movimiento denominado «No+Tag» -que exige una rebaja en los precios de peajes y que se perdonen deudas a usuarios- volvió a copar las principales rutas de acceso de Santiago. Mientras, el gremio de camioneros -que en 1973 ya complicó al Gobierno socialista de Salvador Allende con una gran huelga- advirtió que si los poderes del Estado «no son capaces de garantizar derechos básicos, como es la libre circulación (...) la democracia deja de existir en los hechos».

Mientras, los Carabineros -el cuerpo chileno de Policía- navega a dos aguas, entre los cuestionamientos de organismos internacionales que alertan sobre «graves» violaciones a los derechos humanos, y el agotamiento causado por más de cuarenta días de extenuantes jornadas en las calles. «Los enfrentamientos con esta turba de gente muy violenta no lo habíamos vivido nunca; es complejo poder actuar, sumado al cansancio y el agotamiento» que tienen los efectivos, dijo un portavoz policial.

En cuatro de las 23 muertes contabilizadas en las seis semanas de estallido social se acusa a los militares -que custodiaron las calles nueve días al inicio de la crisis-, mientras que otra fue provocada por un miembro de los Carabineros. Además, varias miles de personas resultaron heridas, incluidas casi 300 con lesiones oculares -uno de ellos con ceguera total- causados de los perdigones disparados por los policías.