Perú declara el estado de emergencia nacional por los disturbios

Los incidentes han tenido como epicentro la capital y, especialmente, las localidades sureñas de Puno, Apurímac y Arequipa, donde el pasado lunes fue tomado el aeropuerto por una multitud de simpatizantes de Castillo para exigir su liberación y la celebración inmediata de elecciones. Ante la gravedad de la situación, la actual presidenta, Dina Boluarte, ya había declarado el estado de emergencia en esas regiones y en la red vial nacional, lo que se traducía en el despliegue del Ejército en las calles para proteger los puntos estratégicos, entre ellos aeródromos, centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras clave, como las carreteras a raíz de los graves incidentes, que han dejado ya ocho muertos y más de un centenar de agentes heridos.

La declaración del Ministerio de Defensa se produjo apenas horas después de que Boluarte anunciara un nuevo adelanto de las elecciones generales a diciembre de 2023, en lugar de abril de 2024, como había propuesto a inicios de esta semana. «Haciendo reajustes esto se puede adelantar a diciembre de 2023, antes de esa fecha técnicamente, legalmente, no calzaría; en consecuencia, los peruanos de bien, las hermanas y hermanos, tenemos que mantenernos y caminar dentro del margen legal, dentro de la Constitución», señaló al trasladar al país las conclusiones de la reunión que mantuvo la noche del martes con el Consejo de Estado para anticipar aún más la fecha de los comicios generales, que debían celebrarse en 2026.

Entretanto, el Tribunal Supremo decidió prorrogar la detención provisional del expresidente Castillo. El magistrado Juan Carlos Checkley indicó que el depuesto gobernante permanecerá retenido «otras 48 horas» mientras se analiza la última petición de la Fiscalía, que ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para él por «rebelión» y «conspiración».

«¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia», escribió Castillo en una carta firmada por él y publicada en su cuenta de Twitter al cumplirse el plazo de siete días de arresto que le impuso la Justicia tras su fallido autogolpe de Estado.

En la misma misiva, el líder izquierdista también hizo «responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país» y envió «millones de gracias» a los peruanos que se manifiestan para exigir su excarcelación después de que el pasado miércoles, en un discurso a la nación, ordenara la disolución del Congreso para instaurar un «gobierno de excepción». El intento golpista de Castillo no prosperó al no secundarle ni sus ministros ni el Ejército.