La Fiscalía de Perú denuncia a Castillo ante el Congreso como presunto líder de banda criminal

«Se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas», informó Benavides en un mensaje difundido en redes sociales.

La situación de Castillo es difícil. Acumula seis indagaciones en su contra y desde que asumió el poder hace quince meses, su Gabinete ha vivido en una crisis continua, con múltiples renuncias de sus ministros. En este tiempo ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia e intentó en dos ocasiones destituirlo.

Ahora se enfrenta a una denuncia inédita en la historia democrática de Perú, con la acusación de liderar una organización criminal. La coalición de izquierdas que le sustenta en el Congreso apenas cuenta con un tercio de los escaños, insuficientes para detener la investigación (saldrá adelante si la apoyan 66 de los 130 diputados). Si se aprueba iniciar las pesquisas, el presidente tendría que abandonar el cargo, aunque mantendrá la inmunidad, una figura que no evita que pueda ser investigado.

La denuncia se presentó el mismo día en el que la Fiscalía allanó por la mañana la vivienda de una hermana de Castillo en busca de un sobrino suyo, a quien acusan de pertenecer la presunta banda criminal liderada por el mandatario. En el operativo se registraron también las casas de doce investigados más en la misma causa.

La tesis de la Fiscalía es que el mandatario izquierdista dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

El presidente, maestro rural igual que su esposa, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder. «Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú», aseveró tras conocerse la denuncia de la Fiscalía. «Acá estoy y si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer, y si hay que entregar la vida, lo voy a hacer». Su abogado afirmó que esta denuncia es «una violación flagrante a la Constitución» y consideró que, si sigue adelante, mostraría que en el país «nadie puede dormir tranquilo».