Marcela Valente
Buenos Aires
Sábado, 14 de diciembre 2019, 20:24
Todavía falta una semana para su acto de investidura, pero el nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, ya ha tomado su primera decisión de calado. El mandatario ha decidido aumentar los impuestos a las exportaciones agropecuarias con el objetivo de recaudar fondos para ... poder hacer frente a «la grave situación de las finanzas públicas». El decreto, divulgado este sábado, puso en alerta a las organizaciones de productores rurales, que ya en 2008 protagonizaron un largo conflicto con el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) después de que su Administración intentara incrementar la carga tributaria al sector.
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La medida incrementará del 18 al 30% el gravamen sobre la soja, principal grano de exportación. Otros cereales y alimentos también subirán, aunque en menor medida; entre cinco y doce puntos. En el decreto se justifica el cambio de régimen tributario en la necesidad de adoptar «urgentes medidas de carácter fiscal». La economía argentina está al borde del cese de pagos, con elevados vencimientos de deuda externa en los próximos meses, además de atravesar una profunda recesión, con un creciente aumento del paro y la pobreza.
«Esto no va a caer bien», advirtió el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Matías de Velazco. Opinión compartida por el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina, quien considera que «ese no es el camino correcto. El presidente nos dijo que nos iban a consultar y eso no sucedió», lamentó. «Faltó a su palabra», añadió Alfredo de Angelis, líder de la protesta rural de 2008 y hoy senador.
En 2008 la crisis se prolongó durante más de cuatro meses. En un momento en el que los precios internacionales de los granos cotizaban al alza, el Gobierno de Cristina Fernández decretó que los impuestos a las exportaciones subirían en caso de incrementos del valor internacional y bajarían cuando los precios descendiesen. El decreto fue resistido con protestas, manifestaciones, cortes de ruta, caceroladas y amenazas de desabastecimiento. Los pequeños, medianos y grandes productores se unieron en una misma mesa para rechazar la medida.
Finalmente el Ejecutivo optó por enviar la iniciativa al Congreso y el resultado fue un empate que obligó al vicepresidente y presidente del Senado a pronunciarse. El entonces vicepresidente y aliado de Cristina Fernández, Julio Cobos, votó en contra del proyecto, por lo que la medida quedó sin efecto, tal y como querían los productores. Para el Gobierno fue un fracaso que le causó un severo daño político. La presidenta se enemistó con su 'segundo', el ministro de Economía dimitió y también lo hizo el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que se mantuvo alejado de Cristina por casi una década hasta que se reconciliaron y ella lo ungió candidato.
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Desde que Fernández salió elegido, el presidente procura resaltar sus diferencias con su antecesor, Mauricio Macri. El viernes firmó un decreto por el cuál se fijó la obligación de pagar una doble indemnización para los despedidos durante los próximos 180 días. También anticipó que la semana próxima enviará al Congreso un proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que prevé aumentos de ayudas de emergencia para pensionistas, trabajadores estatales y asignaciones para hijos de familias pobres. La iniciativa también contempla aumentar el impuesto a los bienes personales, incluyendo bienes declarados pero que se mantienen en el exterior.
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