«El Estado guatemalteco mandó matar a sus propios ciudadanos»

– ¿A qué se debe este siniestro pasado?

– Nosotros decimos que tuvimos diez años de primavera, entre 1944 y 1954, en el país de la eterna tiranía. Después, solo gobiernos autoritarios y sanguinarios, empeñados en mantener el status quo, aumentar los privilegios económicos y mantener la impunidad. El trabajo sucio lo hacían los militares, pero la autoría era de la clase dirigente. Guatemala padece tres problemas estructurales. Es un territorio rico, pero mal distribuido, dirigido por una elite criolla que invisibiliza a los indígenas y víctima de funcionarios corrompidos por empresarios.

– ¿El Estado hacía desaparecer a sus propios ciudadanos?

– Sí, ellos mandaron matar y yo te lo digo con testimonios de primera mano. Mi hermano Joaquín desapareció en 1985. Hay procesados once militares y hay voces que dicen que se trata de pobres ancianos, pero eran jóvenes cuando dictaron las órdenes. No queremos venganza, sino justicia. El Estado persiguió a líderes campesinos y estudiantiles, y a personas vinculadas al movimiento guerrillero.

– Los escuadrones de la muerte proliferaron antes que en Argentina, por ejemplo. ¿Se ha procesado a aquellos miembros de la inteligencia militar, conocida como G2, y las autodefensas civiles o paramilitares, también implicados en los crímenes?

– Ha habido personas sentenciadas, pero se están muriendo generaciones de padres que no han visto sentados en el banquillo a los responsables de la desaparición de sus hijos. Ahora hay un peligro de retroceso en justicia transicional y, en general, la justicia se enfrenta a una situación muy cuesta arriba por el tema de la corrupción.

– El régimen pone trabas al proceso.

– La fiscal de Derechos Humanos, tras diez años de experiencia en delitos de lesa humanidad, ha sido encargada de una nueva sección, los delitos contra turistas. Yo he sufrido 17 antejuicios y 6 solicitudes de cese de cargo y ahora han ido a lo más perverso, al presupuesto de mi oficina, de la que dependen 700 familias. No tengo dinero para pagar las nóminas de noviembre y diciembre. Es la factura política que me están cobrando por posicionarme en la lucha contra la impunidad.

– ¿Se hallan fosas de los ejecutados?

– Gracias a la cooperación vasca y catalana, que unificaron esfuerzos para apoyarnos. Somos una institución estatal con una unidad de averiguaciones especiales y el apoyo de la Fundación de Antropología Forense. Aportamos nuestra experiencia para identificar restos de seres humanos en otros países, es una necesidad que cicatriza grandes heridas.

– No hablamos de un fenómeno del pasado. En Guatemala, cada día, desaparecen una media de seis mujeres y quince menores.

– En mi país la clase política sigue sin entender que la política es para el bien común no para enriquecerse ella misma. Existe una juventud sin acceso a educación ni recreación que se enrola en bandas, una manera de sobrevivir de manera violenta. Las mujeres que emigran son objeto de trata y no descarto el asunto del comercio de los órganos humanos.

– ¿Guatemala está la antesala de un nuevo conflicto?

– Las condiciones están dadas. Cuando ves que no hay médicos ni medicamentos en el nivel primario y secundario de salud y las escuelas carecen de pupitres, cuando las carreteras se descomponen tras inaugurarse o que la mitad de los niños sufren desnutrición crónica, te das cuenta de que en mi país no hay condiciones para una vida digna.