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Ecuador no ve la salida. El oasis de paz que durante años representó en una convulsa región dominada por la violencia derivada del narcotráfico está hoy atrapado en una destructiva espiral. No hay seguridad en las calles, el Estado arrastra una deuda millonaria, los chavales ... cambian la escuela por las bandas criminales, no hay quien controle las cárceles, la cesta de la compra está disparada... El país se cae a pedazos. Todo cambió hace poco más de una década cuando dejó de ser una zona de tránsito de la droga para convertirse en otro lugar donde hacer negocio con ella aunque, fuera, lejos de sus fronteras, la alarma no saltó hasta el magnicidio de uno de los candidatos presidenciales, Fernando Villavicencio, en plena campaña en agosto de 2023. Daniel Noboa, el presidente que salió de aquellos comicios celebrados entre extraordinarias medidas de seguridad, acaba de decretar su primer estado de excepción. Su antecesor, Guillermo Lasso, llegó a aprobar una decena.
Entre Colombia y Perú, con una amplia costa sobre el Pacífico salpicada de puertos, la ubicación de Ecuador es estratégica. Cuando los grupos dedicados al narcotráfico vieron su filón tras transformar otros países como México en auténticos narcoestados no desaprovecharon la oportunidad. Hasta el punto, según el portal InsightCrime, de convertir a la nación en una «autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa». Un lucrativo camino en el que han dejado miles de víctimas. La tasa de homicidios se situó en 2023 en 46,5 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la cifra de 2022 (25,62) y nueve veces más que en 2018 (5,8). «No terminan de hacer una autopsia y ya tienen diez más que hacer. No alcanzan», reconoce el abogado Julio César Cueva al diario ecuatoriano 'El Universo'.
Tampoco parece haber capacidad -o ganas, temen las propias autoridades- para esclarecer los asesinatos que desangran a Ecuador. En 2023 soportó 7.878 crímenes (4.600 en 2022, un número que ya doblaba al registrado un año antes) y sólo 584 se encuentran hoy resueltos. En la provincia de Manabí, donde nació 'Fito', el líder de Los Choneros fugado hace unos días de prisión, el 93,4% de los casos sigue abierto. Y las cárceles están hasta arriba. Tanto que los propios reos gobiernan muchas de ellas e incluso desde sus celdas lanzan amenazas de muerte a altos cargos (una de las últimas ha sido para la fiscal general, Diana Salazar) y organizan atentados y secuestros. Las bandas criminales (Los Tiguerones, Los Lobos, Los Lagartos...) imponen su ley también desde la sombra.
Miles de ecuatorianos se han hartado de esta situación y, sobre todo, de las escasas perspectivas de futuro. Hasta 114.000 abandonaron el país en 2022 con Estados Unidos como principal destino -algunos buscan algo de esperanza más cerca, por ejemplo en Chile- y la peligrosa selva del Darién como obligada zona de paso para los que eligen esta ruta. Los migrantes procedentes del país andino son, tras los venezolanos, quienes más cruzan este punto. Entre enero y julio de 2023 fueron tantos como en todo el año anterior, lo que da idea de la desesperación por abandonar una nación hecha añicos. En más de un hogar se toma la decisión con la vista puesta en los menores para alejarles de las mafias. La Policía Nacional calcula que el pasado ejercicio 1.326 chavales de 12 a 17 años dejaron las aulas para ponerse a las órdenes de una banda criminal, que se sirven de ellos para el microtráfico de droga, robos a personas... e incluso asesinatos por encargo.
El abandono escolar -con una tasa del 2%- es una de las cuestiones más desesperanzadoras en el país. La falta de ingresos en el hogar, los embarazos precoces, los problemas familiares... y el negro horizonte lleva a centenares de menores a colgar los libros para servir a una banda con el atractivo añadido del dinero fácil. El Ministerio de Educación calculó al inicio del presente curso que unos 40.000 chavales en edad escolar ni siquiera estaban matriculados en un sistema que hace no muchos años servía de ascensor social. La violencia ha machacado las oportunidades de prosperar por la vía legal. En localidades como Baba, en la provincia de Los Ríos, han tenido que suspender las clases presenciales por la creciente ola de inseguridad que se desbordaba hace unos días.
Más de un maestro ha probado, además, la vacuna, como se conoce en Ecuador al pago que las mafias exigen a todo tipo de personas y negocios a cambio de no atentar contra ellos. Es otra forma de financiar sus acciones y sus armas mientras cerca de 4,5 millones de ecuatorianos viven en la pobreza, casi la mitad de ellos (2 millones, el 10,7% del censo estatal) en una situación extrema. La inseguridad es un mal escenario para invertir y poner en marcha proyectos, lo que no ayuda a que el país recorte su deuda millonaria (unos 5.000 millones de dólares) y mejore su liquidez. Una de las propuestas sobre la mesa para sanear las cuentas es aumentar el IVA pero el Ejecutivo de Noboa sabe que eso sólo asfixiaría más a los hogares.
Con un salario medio de 520 dólares mensuales (unos 475 euros) y el coste de la vida disparado resulta complicado llegar a final de mes. Un litro de leche sale por 0,99 euros al cambio, una entrada para el cine cuesta 6,30 y el alquiler de un apartamento en el centro con un dormitorio se come más de la mitad del sueldo al rondar los 360. El combustible es otro enorme quebradero de cabeza aunque, por ahora, el Gobierno de Quito lo subvenciona. De hecho, de las arcas públicas sale tanto dinero para este subsidio como para sanidad y educación. El Banco Central ya ha avisado a los ecuatorianos de que 2024 tampoco será un año para el optimismo pues su crecimiento se limitará al 0,8%. Pero a los narcos que han tomado Ecuador poco les importa porque su negocio siempre les sale rentable, aunque para ello se lleven por delante todo un país.
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