Duque militariza regiones de Colombia para frenar las protestas y los disturbios

Casi paralelamente al anuncio del presidente de militarizar Cali, su partido (Centro Democrático), en el que ordena y manda el expresidente Álvaro Uribe, emitía un comunicado con cuatro puntos en los que solicitaba el despliegue total de la Fuerza Militar y de la Policía, con militarización del territorio nacional en zonas donde hay grave amenaza contra la seguridad de los ciudadanos. «Se requiere el fortalecimiento de la Policía», decía. En el mismo pedía que un oficial de alto rango, «por ejemplo un coronel», se hiciera responsable a cargo de unidades específicas de levantar los bloqueos «con eficacia y transparencia».

El tercer punto era más contundente: «El partido rechaza cualquier negociación con el Comité de Paro, negociar con bloqueos y violencia es continuar la destrucción de la democracia». Y en el cuarto ofrecía una muestra clara de populismo: «Urgimos al Gobierno nacional acelerar la consecución de unos recursos pagados por los más pudientes, para financiar la lucha contra la pobreza y la política de juventud».

Muy pocos colombianos han dudado de la alta influencia que ejerce Uribe sobre Duque. La coincidencia entre la publicación del comunicado del partido Centro Democrático y el discurso de Duque en la madrugada de Cali no hacen más que confirmar las sensaciones ya captadas por otras decisiones del actual presidente.

Duque expidió el decreto 575 por el cual extendía la «asistencia militar» también a las regiones del Cauca, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Riseralda, así como a varios municipios con el fin de «afrontar y superar los hechos que den lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia».

La respuesta a esta dura medida por parte del principal líder opositor, Gustavo Petro, del partido Colombia Humana, fue inmediata. Culpabilizado por sus detractores de la grave situación que vive Colombia, Petro señaló: «De Duque no sale más propuesta que represión, más armas, más violencia. Su proyecto es violento. Nosotros proponemos un pacto social y la retirada de las armas de fuego de las manifestaciones para lograr la paz. El camino es la paz. El paramilitarismo que desata Duque en Cali es un crimen contra la humanidad. Es terrorismo de Estado».

El Partido Verde, por su parte, calificó el decreto de inconstitucional y sobre todo de no resolver el conflicto. Según la senadora Juanita Goebertus, el decreto viola la autonomía territorial, prioriza la acción militar sobre la policial en disturbios internos, hace un uso indiscriminado del toque de queda y de facto toma medidas de conmoción evitando el control constitucional.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en declaraciones a la emisora 'BluRadio', no se mostró muy partidario de la militarización de su ciudad: «Si vamos a alimentar fuego con fuego vamos a tener un incendio desproporcionado», dijo. Ospina invitó al Gobierno y al Comité de Paro a solucionar el conflicto lo antes posible: «¿Qué más quieren esperar? Imploro al diálogo. Es la única forma de frenar estas cosas que están pasando».

Durante los disturbios del viernes, día en el que se cumplía justamente un mes de la convocatoria del paro nacional, Cali vivió horas muy dramáticas en distintas zonas de la ciudad. Algunas versiones hablan de civiles encapuchados disparando a los manifestantes mientras la Policía miraba para otro lado. En el centro de la ciudad resultó muerto otro hombre después de que fuera perseguido por los ciudadanos al ver que había matado de un disparo a un manifestante. Un vídeo muestra cómo fue perseguido y linchado. Esa jornada violenta tuvo continuidad este sábado con otros trece muertos.