Chile reclama una reforma constitucional

Desde que comenzó la ola de protestas por el aumento de la tarifa del metro en Santiago, las concentraciones en la capital chilena son la nueva normalidad. Las marchas y caceroladas se repiten en el interior del país, continúan las barricadas y, en menor medida, los saqueos e incendios. Pero ahora hay miles de ciudadanos que se reúnen a discutir la nueva agenda.

Con matices, plantean en lugares abiertos la necesidad de un alza de las pensiones y del salario mínimo; la reducción del precio de los medicamentos; tarifas gratuitas de transporte para los mayores; educación y salud gratuitas; reforma tributaria; reducción de las dietas parlamentarias y un plebiscito para reformar la Carta Magna.

Las demandas coinciden con el listado que los líderes de la oposición están llevando a los encuentros con Piñera. Pero los dirigentes no son optimistas. Para el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, las calles exigen «soluciones inmediatas» y el Gobierno «es el gran obstáculo». Otros mantienen que las mejoras que ofrece Piñera son «insuficientes» para frenar el estallido.

Según los datos que maneja la Fiscalía de Chile, desde que se desató la crisis han fallecido en las protestas un total de 23 personas. Además de los fallecidos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizó hasta ayer 1.574 heridos -157 con lesiones oculares que incluyen la pérdida de visión- y 4.316 detenidos -471 niños y adolescentes-, mientras que la Cruz Roja eleva el número de lesionados a más de 2.500.

El Instituto ya ha presentado querellas relacionadas con las muertes causadas por disparos de los carabineros (policía) o del Ejército, que en los primeros días patrullaron las calles durante los toques de queda. Una misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos investiga estas denuncias, que abarcan también casos de detenciones ilegales, torturas y ataques sexuales en comisarías.

La deriva violenta de algunas protestas hizo que Piñera decidiese suspender el Foro de Cooperación de Asia Pacífico que iba a celebrarse este mes en Chile, así como la cumbre COP-25 sobre el cambio climático, que finalmente organizará España. La imagen pública de Piñera cae en picado desde el inicio de la crisis. Los sondeos apenas le dan un 14% de aprobación ciudadana y todo hace indicar que su popularidad puede desplomarse todavía más en las próximas semanas.

Los resultados del Termómetro Social, una encuesta realizada por un conjunto de instituciones académicas chilenas y cuyos resultados se conocieron ayer, indican que el 85% de los ciudadanos está de acuerdo con las protestas y el 80% «bastante» o «muy de acuerdo» con cambiar la Constitución. Las principales demandas están relacionadas con las pensiones, el acceso a la salud y a la educación. La mayoría (87%) considera que los cambios realidos en el Gobierno de Piñera hace una semana no solucionan la crisis.