49.000 pandilleros detenidos en cuatro meses: la guerra sin tregua de El Salvador contra las maras

La cifra de detenidos la ha ofrecido el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. La presunción de culpabilidad parece más que justificada en un buen número de arrestos si se hace caso a las declaraciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y las organizaciones civiles. Afirman que el manto de oscuridad arrojado sobre esta cruzada antiviolencia esconde detenciones arbitrarias, abusos de poder y la clara sospecha de que una parte de los presos no ha cometido los delitos de los que se les acusa. Hay más de 3.000 denuncias por torturas y arrestos indiscriminados y 56 presos fallecidos sobre los que el Gobierno ha guardado total hermetismo. Amnistía Internacional reveló en junio que había detectado «graves violaciones» de los derechos humanos que podrían merecer una «responsabilidad penal internacional».

Nada de eso parece importunarle al presidente Bukele.

La Asamblea Legislativa aprobó a finales de marzo la aplicación del estado de excepción y la suspensión de garantías constitucionales durante un mes y lleva ya cuatro en vigor. El ministro asegura que todos los arrestados son «terroristas-pandilleros» y que el Ejecutivo tiene previsto enviar un pliego de nuevas reformas al Parlamento para que «este país sea seguro en las comunidades, en los sitios turísticos y culturales, pero también seguro en las carreteras».

Aparte de quienes han dado con sus huesos en un calabozo, la campaña gubernamental ha sacado fuera de las calles a miles de antiguos mareros, individuos que en su adolescencia y juventud ingresaron en las pandillas y migrantes que lo hicieron tras pasar clandestinamente a Estados Unidos y que más tarde han sido deportados de nuevo a El Salvador. La inmensa mayoría lleva todavía los tatuajes con las iniciales M S-13 (Mara Salvatruchas), la palabra 'marero' u otras muestras de su iconografía. Es relativamente fácil ingresar en las pandillas, pero resulta más difícil salir de ellas, y aunque algunos de sus integrantes se hayan distanciado desde hace años y ahora tengan familia y empleo, bastan esas marcas de tinta para ser detenidos. Las ONG aseguran que la Policía va puerta por puerta ordenando a los hombres que muestren su torso. La Policía dice también que lo más difícil es capturar a los mareros que nunca se han marcado.

Godoy Monterrosa era conocido como 'Satán'. Vivía clandestinamente en Luisiana trabajando en obras de albañilería y alejado de la MS-13. En su época dentro de la Salvatruchas y a tenor del apodo, debió ser uno de esos tipos a los que es mejor no llevar la contraria.

El Servicio de Inmigración estadounidense lo montó en un avión de vuelta a El Salvador el 8 de abril. Según descendió de la escalerilla, las fuerzas de seguridad le cortaron el paso, le dieron un móvil y le dijeron que llamara a su familia para que no fuera a buscarle al aeropuerto. Estaba detenido. Desde entonces, los allegados de Monterrosa no han vuelto a saber de él, pero son conscientes de que está preso en algún centro penitenciario y se enfrenta a 30 años de reclusión por pertenencia a una organización terrorista. Numerosos salvadoreños que viven como ilegales en EE UU temen convertirse en 'Satán'.

El Gobierno asume que un 1% de las detenciones pueden ser equivocadas. No todo el mundo lleva las marcas de las maras en su piel. Entre los pandilleros los hay que hacen vidas rutinarias, pero con un tren de gastos extraordinariamente anormal; uno de los errores frecuentes entre los miembros de estos clanes dedicados a la extorsión: destacan como una luz en la noche. No obstante, el Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional denuncia también la existencia de cuotas impuestas por algunos mandos de las fuerzas de seguridad para lograr días libres o evitar reprimendas: si exigen seis pandilleros arrestados a una comisaría y sólo capturan a cuatro, se le añaden dos detenidos por otro delito, independientemente de que se trate de una agresión o un hurto.

El estado de excepción se impuso a finales de marzo después de una carnicería de fin de semana. Entre el viernes, día 25, y el sábado, los mareros asesinaron a 87 personas. A día de hoy todavía se desconoce el móvil exacto. Descartado el ajuste de cuentas entre bandas rivales, la Policía tampoco encontró vínculos entre las víctimas. Las había de todos los sexos y edades. Aparentemente habían sido elegidas al azar por los pistoleros o se cruzaron en el camino de sus revólveres y rifles semiautomáticos.

Todo apunta a que se trató de una demostración de fuerza ante el presidente Bukele, autócrata para unos y populista salvador del país para otros, pero artífice en cualquier caso de la disminución de la violencia callejera, el tráfico de drogas y la extorsión desde su llegada al poder en 2019. La tasa de asesinatos aún es muy alta, 20 por cada 100.000 habitantes, pero dista mucho de la registrada en 2015, cuando El Salvador era el país más violento del mundo: 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ahora le preceden Honduras y México, por ejemplo. El rumor más insistente es que Bukele, como sus predecesores en el cargo, ha logrado reducir la violencia gracias a pactos con las maras.

Una semana antes de la masacre, la noche del 19 de marzo, dos sicarios asesinaron también a uno de los principales impulsores de la MS-13. Capricornio. Un individuo sanguinario que, paradójicamente, decidió pactar con la Fiscalía y ofrecerse a testificar contra su antigua banda. Mal apaño en un país donde los jueces reconocen que un testigo protegido puede declarar a las diez de la mañana y acabar muerto antes de la hora de comer.

Capricornio estaba casado, esperaba un hijo y frecuentaba un bar de trapicheo de droga en la capital. A eso de las 23.30 horas estaba dentro de su coche aparcado a la puerta del garito. Dos sicarios se acercaron por los costados del vehículo y le dispararon veinte tiros. No murió en el acto. Su corpulencia le permitió sobrevivir algunos minutos. Pero con su fallecimiento, la Fiscalía y el Gobierno entendieron que la mara no perdona ni contempla treguas duraderas. El Ministerio Público perdió así, acribillado a la puerta de un bar, a uno de sus principales delatores; el tipo que no solo podía haberles informado de los entresijos de la organización mafiosa sino también de sus conexiones con políticos, policías corruptos y empresarios.

Bukele ha decidido cortar por lo sano. El estado de excepción permite a la Policía prolongar las detenciones más allá de 72 horas, incluso situarlas en un limbo sin fecha de caducidad, controlar comunicaciones privadas y suspender el derecho a la asistencia letrada por parte del Estado. El presidente ha endurecido además el código penal con la aprobación del Parlamento. Un pandillero mayor de edad puede enfrentarse a 45 años de cárcel. Si el delincuente tiene doce años y es condenado, lo normal es que pase una década en un infierno que ni siquiera todos los adultos pueden soportar. Hasta marzo El Salvador atravesaba ya un grave problema de masificación con 36.000 presos en sus cárceles, y ahora su número se ha duplicado. El hacinamiento resulta asfixiante. Y la logística se empieza a venir abajo. Las consecuencias comienzan a ser tan graves que el Ejecutivo ha iniciado un plan de huertos sostenibles dentro de los penales para poder alimentar a los reclusos.