El país de las mil puertas

El cuarto país más pobre del mundo se enfrenta a dos invasiones protagonizadas por sendas bandas de diferente signo dentro de la expansión yihadista. Al oeste, actúa el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), una coordinadora de diversos grupos que actúa a través de la frontera maliense, sumamente permeable, mientras que en el sureste, en torno al lago Chad, tanto Boko Haram como el Estado Islámico de África Occidental desarrollan una guerra de baja intensidad. Esta estrategia de pinza asfixia a las fuerzas de seguridad, incapaces de asumir el reto a pesar de que casi el 20% del presupuesto abastece al aparato castrense.

Níger es un coladero. Sus numerosos vanos han sido utilizados por todo tipo de forasteros. Las explotaciones de uranio, oro y petróleo están gestionadas por empresas francesas, canadienses o chinas, y la proliferación de bandas criminales implicadas en el comercio humano, de armas y drogas también ha justificado la instalación de tropas europeas.

El auge de los salafistas ha incrementado en los últimos años la presencia de fuerzas extranjeras. La antigua colonia gala mantiene tropas de la 'Operación Barkhane', impulsada por el Elíseo y con apoyo español. Estados Unidos también colabora con efectivos desde hace dos décadas y ofrece sostén logístico y económico. El régimen de Niamey forma parte del G5S junto a Mauritania, Mali, Burkina Faso y Chad, unidos en su lucha contra los radicales. Níger se antoja una suerte de zona franca y esta proliferación ha provocado cierta respuesta nacionalista de quienes ven cuestionada su presunta soberanía.

La devastación, generar inestabilidad, vacío de poder y desplazamientos forzados se antoja el objetivo de bandas que asaltan cuarteles y asolan poblaciones con aparente impunidad. Las condiciones geográficas favorecen esta política de acoso y derribo. Casi dos terceras partes de la superficie corresponden al desierto del Sáhara y tan sólo el 4% del suelo es apto para la agricultura y el pastoreo. El desequilibrio resulta evidente en un país donde el 90% de sus habitantes se concentra en el 25% del territorio.

Pero también hay buenas noticias. La Fundación Mo Ibrahim, que premia la buena gobernanza, ha reconocido la labor del expresidente Mahamadou Issoufou por su respeto al Estado de Derecho y la política de desarrollo económico. Esta medida parece un intento por apoyar a aquellos dirigentes que no se empeñan en perpetuarse en el poder traicionando los preceptos constitucionales. Tras una década de vida democrática, el viernes asumirá el cargo Mohamed Bazoum, vencedor en los comicios celebrados el pasado febrero. Será la primera alternancia pacífica y legal en sus sesenta años como país independiente.

La regeneración, en cualquier caso, no ha llegado a todo el sistema. La mejora de la Administración choca con la precariedad y la elevada corrupción del aparato judicial y la Policía, infiltrados por el crimen organizado.

El futuro es incierto. La violencia puede incrementarse exponencialmente y provocar una situación similar a la que padece el vecino burkinabés, con grandes extensiones fuera del control estatal. La fragilidad hace posible que circunstancias como la insurrección de los tuareg, uno de sus pueblos, el precio del uranio o las sequías puedan conducirlo rápidamente hacia el abismo. Además, las hambrunas resultan frecuentes en este país, donde la mayor parte de la mano de obras depende de cultivos de subsistencia, y la explotación del uranio ha provocado graves problemas medioambientales.

La tutela francesa, con intereses en la explotación de sus recursos minerales, resulta esencial para evitar el caos. La vigilancia aérea y el apoyo de los servicios de inteligencia se presuponen esenciales para evitar que la ofensiva radical genere grandes movimientos de población y crisis de las dimensiones que han vivido Mali o Nigeria. También EE UU se ha sumado a esta operación rescate con la construcción de la base militar 201 en Agadez, destinada a sus ejercicios con drones.

Níger aspira a convertirse en una potencia militar. El Ministerio de Defensa se ha implicado en un ambicioso plan para crear un ejército de 50.000 soldados y convertirse en un nuevo gendarme de la zona, a la manera de la vecina Chad. A lo largo de la última década ha invertido más de 845 millones de euros en equipamiento bélicos, aunque la Inspección General de los Ejércitos, un organismo independiente que audita los gastos castrenses, ha revelado que al menos 115 desaparecieron a través de la malversación de fondos. El problema no es extraordinario, sino que parece consustancial a un país con tantas salidas, aberturas y trampillas.