Casi 150 muertos para que el gobierno entre en razón

El 30% del empleo público de Bangladés estaba reservado a los descendientes de los 'luchadores por la libertad', quienes participaron en la guerra de 1971 que dio al país la independencia de Pakistán. A este porcentaje había que sumar otras cuotas para mujeres -10%-, habitantes de distritos marginales -10%-, minorías étnicas -5%- y personas con alguna discapacidad -1%-, con lo que solo el 44% de los funcionarios se elegían «en base a sus méritos».

Los detractores de este sistema criticaban, con razón, que esas cuotas servían al Gobierno para crear una red clientelar que sirviese a los intereses del partido desde las instituciones, y que cronificaba la inoperancia de una Administración marcada por la corrupción endémica. En resumen: era el nepotismo que conocemos en muchos países llevado a su máxima expresión. Y, por eso, unas violentas protestas hicieron que la primera ministra, Sheikh Hasina, lo aboliese en 2018.

Pero, curiosamente, el Tribunal Superior dictaminó su reinstauración el pasado mes de junio. Y la rabia ha vuelto a incendiar las calles. Esta vez con consecuencias especialmente trágicas: diferentes fuentes estiman que han muerto casi 150 personas. Y no se puede confirmar porque Bangladés ha respondido como cualquier estado en medio de una deriva autoritaria: cortando Internet e impidiendo la labor de los medios de comunicación.

Por eso, hoy ponemos el foco en un tema que suena lejano pero que se sufre por todo el mundo en diferente intensidad.

Estos son los tres temas que abordaremos:

Protestar funciona. Pero el precio que se paga por ello varía mucho de un país a otro. En Bangladés es fácil que cueste la vida, y eso que el país se enorgullece de ser una democracia. Desafortunadamente, como sucede en muchas otras, la antigua Pakistán Oriental está sumida en una deriva autoritaria que afecta a los derechos y las libertades de sus 170 millones de habitantes. Se ha confirmado en las protestas contra las cuotas del empleo público que han protagonizado sobre todo estudiantes. La respuesta policial primero, y militar después, ha dejado casi 150 muertos antes de que el Tribunal Supremo haya decidido dar marcha atrás a la decisión del Tribunal Superior de reintroducir las cuotas.

Según su dictamen, a partir de ahora el 93% de los funcionarios serán elegidos por sus méritos, dejando solo un 5% de los puestos reservados para los descendientes de los veteranos de guerra y un 2% para colectivos marginalizados, entre los que también entran los transexuales. Los manifestantes han aplaudido la decisión, pero advierten de que continuarán protestas hasta que se libere a todos los detenidos en las manifestaciones, algo que han hecho ellos mismos asaltando una de las cárceles y dejando salir a cientos de ellos.

En cualquier caso, las protestas son más que la reacción contra una decisión judicial injusta. Reflejan un profundo descontento con el sistema, que se está extendiendo por el mundo. Curiosamente, a menudo impacta en los países que más crecen, como es el caso de Bangladés. Aunque sigue siendo uno de los más pobres de Asia, muchos lo consideran el milagro del subcontinente indio, porque ha sabido canalizar las inversiones en diferentes industrias -como el textil- para crear empleo y alumbrar una clase media. En 2023 su economía se expandió un 7,1%, y este año rozará el 6%.

Pero el paro juvenil está disparado -400.000 graduados compiten cada año por 3.000 puestos de funcionario- y, como sucede en casi todas partes, el mercado inmobiliario se encarece muy por encima de lo que suben los salarios. Así, es posible que los ingresos mejoren, pero cada vez cunden menos porque la vivienda está en manos de un puñado de rentistas cuya connivencia con los gobernantes -pasados y/o presentes- resulta especialmente irritante para el grueso de la población.

Es lamentable que 150 personas tengan que morir cada vez que se busca justicia. Y que los gobiernos respondan a una afrenta lícita con balas y herramientas propias de la dictadura, como el bloqueo de las comunicaciones o el uso de medidas excepcionales amparadas por el Estado de Emergencia. Pero todo apunta a que, en un mundo cada vez más desigual, estos tristes acontecimientos se convertirán en algo habitual.

A algunos medios de comunicación les enorgullecen los mártires. Un periodista muerto cubriendo una guerra o encarcelado en una dictadura da prestigio. Para algunos, son la muestra de que están haciendo bien su encomiable trabajo de control al poder. Porque a la prensa le gusta apelar a causas nobles. Y el Wall Street Journal no es una excepción: ha puesto el grito en el cielo tras la condena a 16 años de cárcel que su periodista Evan Gershkovich ha recibido en Rusia por espionaje.

«Este desgraciado embuste llega después de que Evan haya pasado 478 días en prisión, detenido injustamente, y todo por hacer su trabajo como periodista», denuncia el consejero delegado de Dow Jones, editor del influyente diario estadounidense. «El periodismo no es un crimen, y no pararemos hasta que Evan sea liberado», sentencia.

Sería difícil ponerle un solo pero a esas palabras si no fuese por lo que el WSJ ha hecho con otra de sus periodistas, pero en Hong Kong. Selina Cheng ha sido despedida del diario por su labor defendiendo la libertad de prensa en la excolonia británica, un caso que ha provocado un escalofrío entre la comunidad periodística de una ciudad cuyos derechos fundamentales están asediados por China.

«Hace tres semanas, cuando los jefes del periódico supieron que me presentaba a presidenta de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, mi supervisor en Reino Unido me pidió que retirase mi candidatura», cuenta Cheng. «Cuando me negué, me avisaron de que era incompatible con mi trabajo. Mi editor me dijo que los periodistas del WSJ no deben aparecer defendiendo la libertad de expresión en un lugar como Hong Kong, aunque sí pueden hacerlo en Occidente», añade, subrayando que, además, es delito impedir que los trabajadores se sindiquen.

El diario no ha dado explicación alguna sobre el fulminante despido de Cheng, pero ha demostrado la doble vara de medir existente. Libertad de prensa sí, pero solo en aquellas dictaduras a las que podemos plantar cara o en las que no tenemos intereses.

Joe Biden se ha resistido todo lo que ha podido, pero al final le han hecho entrar en razón y ha decidido jubilarse, que ya va siendo hora. Se retira de una batalla por la presidencia que tenía prácticamente perdida y le pasa el testigo a su vicepresidenta, Kamala Harris. Ya tiene los apoyos necesarios para la nominación por parte del Partido Demócrata, pero no el tiempo suficiente como para preparar una candidatura fuerte, aunque sí parece haber ilusionado a parte del electorado más progresista que estaba desencantado con el octogenario presidente.

Donald Trump tendrá que actualizar ahora su repertorio de insultos y mentiras para atacar a Harris. Aunque lo tiene fácil con sus correligionarios, porque nada mejor que poner a una mujer de color -que no negra- para que el redomado misógino y racista que trata de volver a la presidencia de un país socialmente subdesarrollado se desate.

La incógnita está en si Harris será capaz de unir y movilizar a los demócratas y de atraer a los republicanos desencantados con el exmagnate, sobre todo a las mujeres y las minorías. Lo tiene difícil, sobre todo después del intento de asesinato que ha convertido a Trump en el macho alfa por antonomasia.

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