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Medio año después de su mediática detención policial, que consideró una «maniobra orquestada» por apoyar a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Nacho Cano declaró este lunes ante la jueza de Madrid que le investiga por la presunta contratación irregular de un grupo de becarios mexicanos para su musical Malinche. El músico y productor, que ha tenido un interrogatorio tenso, ha señalado al presidente Pedro Sánchez a la salida de los juzgados: «Esto va de que van a por mí porque yo apoyo a Ayuso y yo la apoyo porque Pedro Sánchez la teme», dijo, antes de lanzarle un mensaje: «Tú vas a por mí pero yo no voy a caer. (...) Tú sí mereces caer», manifestó tras «el paripé» de su comparecencia en sede judicial.
Dentro del juzgado, Cano se ha desvinculado de las supuestas irregularidades que rodean la contratación de los becarios mexicanos que acudieron a Madrid para recibir formación en su musical. Declaró que cree que estuvo «mal asesorado» y afirmó que, de todos modos, él solo lleva la parte creativa, según informaron fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. La jueza Inmaculada Iglesias investiga al integrante de Mecano y a tres de sus colaboradoras por contratar supuestamente de forma ilegal a casi una veintena de jóvenes mexicanos. Se le imputa un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
En su declaración, que se prolongó durante más de dos horas, Cano ha contestado las preguntas de la jueza, la fiscal y a sus abogados. Fuentes jurídicas han indicando que su actitud era de cierta prepotencia y que incluso la jueza le habría llamado la atención. Cano habría indicado que desconocía muchos de los asuntos relacionados con la contratación por los que ha sido preguntando, asegurando que los gestionaba su equipo y, por lo tanto, «echando balones fuera», según apuntaron las mismas fuentes consultadas.
La fiscal ha incidido en cuestiones relativas al convenio de la beca relativa a las prácticas. El productor ha declarado que él se centraba en la parte artística y creativa, cargando de nuevo contra los responsables policiales que llevaron el atestado del caso. Además de Nacho Cano, está previsto que declare este lunes Susana Jove, jefa de personal de Malinche, en calidad de investigada también.
Al juzgado también se acercó Lesly Guadalupe Ochoa, la denunciante del caso, en su intento de poder tener un encuentro cara a cara con el productor. «No tiene ética profesional. O sea, siendo la persona que es, teniendo la trayectoria que tiene, y no nos pudo traer de manera legal. Él es español. Yo creo que conoce las leyes. Él sigue cobrando la taquilla y a nosotros no nos pagaba ni el sueldo mínimo», denunció ante los medios.
Precisamente, la pasada semana declararon como testigos los policías responsables del atestado que se abrió tras la denuncia de la becaria mexicana en enero de 2024. Aseguraron que existía «una relación y explotación laboral. »El debate jurídico es establecer si una relación de un becario es laboral o no es laboral. Eso lo aclaró el Real Decreto aprobado el 1 de enero del 2024. El becario es una relación similar a la laboral y por consiguiente genera unas condiciones y unos derechos laborales. Han declarado que las jornadas eran interminables, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, muchos días. Había explotación laboral y que probablemente el delito contra los extranjeros también se cumple por la violación de la frontera«, explicó el letrado Alfredo Arrién, que defiende a la denunciante.
Por su parte, José Luis González-Montes y Elena Fernández, abogados de Nacho Cano, manifestaron que el procedimiento es «un esperpento» y reiteraron que durante la declaración se ha «cercenado» su derecho de defensa al señalar sus preguntas como «impertinentes». «El atestado policial está plagado de irregularidades. Ya se presentó en papel para alterar el reparto aleatorio que debe ser debido a través de Internet. Luego, el atestado en su contenido contiene todo tipo de irregularidades e inducciones a la existencia, que no hay, de indicios de delito», proclamaron.
La jueza, que citó a declarar también al representante legal de la Fundación Arte Que Alimenta, al administrador del hotel en el que se alojaron los becarios, al consejero y administrador de la escuela Jana Producciones y a una representante de la Fundación Casa de México en España, cambió la situación de testigo a investigado del administrador del hotel David Hatchwell, a su vez productor ejecutivo del musical, y del consejero y administrador de la escuela, Alfonso Muñoz, la empresa con la que se «intentaba simular» la relación de formación y no la relación laboral, según explicó el abogado de la acusación particular.
Emulando a Nacho Cano, Hatchwell acusó al Gobierno de estar detrás del caso. «Es una verdadera vergüenza ver una vez más este gobierno corrupto y su entorno utilice la estrategia del fango para generar dudas sobre un caso meridianamente claro», denunció. «La inspección laboral ha dictaminado claramente, a pesar de toda la presión en su contra, que los becarios eran efectivamente eso, estudiantes y no trabajadores» y en cuanto a la acusación de fomento a la inmigración ilegal, precisó que «no hay delito de ningún tipo», ya que se ha gestionado por profesionales que han seguido el mismo criterio que el 90% de las solicitudes de visados estudiantiles que indica la normativa europea aplicable desde el 2018.
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