«La Policía Nacional no persigue personas, investiga hechos». Así de contundente se mostró ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska al ser cuestionado por las acusaciones vertidas por el cantante y productor musical Nacho Cano contra la Policía Nacional tras su detención por la presunta contratación irregular inmigrantes mexicanos para su nuevo espectáculo 'Malinche Symphonic', que se estrenó el 15 de septiembre de 2022 en el recinto ferial de Ifema de Madrid y ha comenzado hace apenas uno meses su gira nacional.
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El productor musical fue detenido el martes y, tras salir en libertad, calificó la situación de «persecución política» y de «operación policial orquestada». Unas acusaciones que negó en rotundo el titular de Interior porque «la Policía Nacional no persigue personas», sino que se limita a «investigar hechos». «Evidentemente son personas, pero son hechos. Lo que se investigan son los hechos. No se investigan personas por ninguna circunstancia personal, razonablemente», subrayó.
Grande-Marlaska mostró ayer su «más absoluta crítica y oposición a manifestaciones de este tipo» porque suponen «poner en tela de juicio a una institución de 74.000 hombres y mujeres, que lo único que hace es trabajar conforme al ordenamiento jurídico y garantizar la libertad y seguridad de todos nosotros». «Y, evidentemente, luchar contra cualquier hecho o conducta que sea ilegal», subrayó.
El ministro aclaró que respeta «el principio de presunción de inocencia» de Nacho Cano, pero defendiendo la labor de la Policía, que calificó como «una de las instituciones más valoradas» de España. «Y no es más valorada por cualquier cuestión, sino por un trabajo absolutamente decidido, profesional, de garantizar la libertad y la seguridad del conjunto de los ciudadanos y de perseguir el delito allí donde se comete», añadió.
Las palabras del artista también provocaron ayer que Renfe Viajeros decidiera resolver su acuerdo de colaboración con el musical porque «comparte la preocupación social por los sucesos producidos el martes en relación con una presunta vulneración de los derechos de los trabajadores», explicó la empresa en un comunicado. Además, la compañía ferroviaria subrayó que considera a la Policía Nacional como «uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho».
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Cano advirtió en su comparecencia junto a sus abogados que «en una democracia de verdad, el juez decidirá si soy criminal o no, no la Policía, que viene dirigida» y avisó que «se están sacando las cosas de contexto para ir a por mí por la única razón es que apoyo a Ayuso: como ya han ido a por su novio, a por su hermano o a por su padre, el que les queda soy yo».
La presidenta de la Comunidad de Madrid salió ayer en defensa del músico al señalar que «buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por la libertad». Isabel Díaz Ayuso añadió que «la destrucción personal con fines políticos es simplemente stalinismo; no podemos callar y no vamos a callar».
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A su juicio, con la detención del músico y productor «en España se ha mandado un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir». «También en la cultura, como está ocurriendo en los medios de comunicación o las empresas». Por ello, Díaz Ayuso cree que lo ocurrido representa «el atropello en la persona de uno de los artistas que más ha hecho en los últimos años por la música en español a los dos lados del Atlántico, que es, además, uno de los empresarios que más empleo ha dado al mundo del espectáculo, con sus entradas, su talento, es decir, sus propios medios, en libertad».
Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tachó de «irresponsabilidad institucional extrema que toda una presidenta de la Comunidad de Madrid siembre dudas acerca de la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el mero hecho de que haya investigaciones que afecten a personas de su entorno». «¿Acaso considera que su mera cercanía debería implicar impunidad? De ningún modo, en democracia, precisamente, todos y todas somos iguales ante la ley», escribió Martín en X.
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