La justicia abre una segunda causa penal contra Shakira

La justicia ha abierto un procedimiento, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía contra la autora del 'Waka-waka'. Shakira está investigada por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF e impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2018, según han informado fuentes del TSJC. Su equipo legal ha afirmado que ha actuado de forma correcta. Sus abogados han asegurado que «ha actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas».

Los letrados que defienden a la artista han señalado además en un comunicado que no han recibido la notificación formal de la querella y que se han enterado a través de los medios, lo que a su juicio es una prueba de «la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida» su defendida. «Desde hace unos meses, reside en Miami, por lo que se le deberá notificar personalmente en su nuevo domicilio», avisan. Según los abogados, la cantante está «centrada en su vida artística» en EEUU y está «tranquila y confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales».

El caso es que llueve sobre mojado, toda vez que la cantante será juzgada próximamente por seis delitos fiscales cometidos presuntamente entre 2012 y 2014. Se sentará en el banquillo de los acusados a partir del 20 de noviembre. Se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel, según la Fiscalía, por el presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda. Shakira podría seguir el juicio desde Miami, donde reside tras dejar Barcelona, y estará presente en la sala de vistas el día que le toque declarar. La Fiscalía pide para ella una multa de 23,7 millones.

La Agencia Tributaria le imputa haber dejado de pagar 14,5 millones en IRPF y sociedades entre 2012 y 2014 al simular presuntamente que no residía en España. Ella alega que no vivía en España y que aunque ya compartía su vida con Piqué viajaba a Barcelona de forma esporádica. Su argumento es que se instaló en la capital catalana a finales de 2014, cuando se escolarizó su hijo mayor. Hacienda y la Fiscalía sostienen que entre 2012 y 2014 ya vivía en España y por tanto tenía que tributar en la Agencia Tributaria española. Sus abogados y la Fiscalía estuvieron a punto de llegar a un acuerdo extrajudicial, que se truncó hace un año.