La jueza cita a Nacho Cano como investigado y rechaza el archivo del 'caso Malinche'

La jueza que investiga el caso de los becarios del musical 'Malinche' ha citado como investigado a Nacho Cano, músico y promotor del espectáculo, por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los de los trabajadores. Inmaculada Iglesias, magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha rechazado además el archivo de la causa, como pedía la defensa del denunciado, y le llama a declarar acompañado de abogado aunque en una fecha aún por determinar.

También comparecerán las otras tres investigadas en este procedimiento, las empleadas de Malinche en España y México Roxana Gabriela G., Cristina C. y Susana J., y un nutrido grupo de testigos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Entre ellos dos funcionarios de la Policía Nacional encargados del atestado que dio origen a la causa y el consejero y administrador de Jana Producciones, Javier Alfonso M., encargado de dar la formación a los becarios y la licencia de estudios para su regularizar su estancia en España.

Además, la jueza convoca a Ximena C., responsable de la Fundación Casa México, otro encargado (por identificar aún) de la Fundación Arte Que Alimenta y David H., dueño del hotel de Madrid donde se alojan los becarios desde que llegaron de forma escalonada en diciembre pasado para no llamar la atención del control de fronteras. Por último, como novedad, también reclama a las autoridades mexicanas a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional que declaren como testigos tres «perjudicados» por estos hechos. Se trata de estudiantes que finalmente no viajaron a España para formar parte del proyecto de Malinche junto a sus compañeros.

Respecto a Nacho Cano, la juez Iglesias explica que pese a su detención en julio pasado no le ha citado aún porque primero había que practicar diligencias relevantes para la causa. Por lo tanto, para evitar la «pena de banquillo» ha tomado la decisión de interrogarlo ahora en una fecha aún por determinar. En el mismo auto, rechaza también la expulsión del sindicato CCOO del procedimiento como acusación popular, como pedía la defensa del productor musical.

Sobre las diligencias realizadas, cabe destacar la comparecencia de la denunciante Leslie Guadalupe Ochoa, la becaria que acudió en enero pasado a la Policía para relatar la situación de los becarios y sus condiciones laborales, o el informe de Inspección Provincial de Trabajo de Madrid, que en octubre pasado resolvió que los 17 aprendices mexicanos no tenían que estar dados de alta en la Seguridad Social al no realizar una formación reglada, por lo que la causa quedó bastante desinflada respeto a los delitos iniciales.

En este informe se concluyó que «no existen evidencias que indiquen que las prácticas desarrolladas por los becarios en la referida empresa impliquen una relación laboral encubierta», aludiendo para ello a lo que recoge el artículo 1.1 del Estatuto de los trabajadores. Es decir, el que fuera componente del grupo Mecano no se benefició con la actividad de estos becarios, ya que para desarrollar su musical Malinche ya disponía de un equipo de 64 artistas principales.

Tras conocerse la apertura de diligencias, el pasado 9 de julio Nacho Cano compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa bastante polémica. Durante la misma, manifestó que su paso por comisaría se debía a su «apoyo» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, calificando la actuación de «persecución política» y señalando directamente al Gobierno que preside Pedro Sánchez, a través de la labor en este caso del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska y del comisario encargado de sus pesquisas, Alberto Carba.

El ministro salió a la palestra y defendió entonces la profesionalidad de la Policía frente a estas críticas, asegurando que «no se persiguen personas» sino «hechos» presuntamente delictivos, pero el músico reiteró posteriormente que los agentes actuaron contra él como «chulos de Marlaska» y les afeó desempeñarse como «paletos y macarras».

Un sindicato policial que defiende al comisario Carba - quien fuera jefe de la Sección de Secuestros y Extorsiones, licenciado en Ciencias Policiales y formado por el FBI- anunció la interposición de una querella por injurias y calumnias con publicidad contra el productor, que también ha cargado con dureza contra la jueza Iglesias por darle un presunto «trato de favor» a la denunciante.

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