El Gobierno busca fórmulas para retirar el Ducado de Franco a la nieta del dictador

El rey Juan Carlos concedió el ducado a la hija de Franco el 26 de noviembre de 1975, seis días después de la muerte del hasta entonces jefe del Estado. Ahora, el título pasa a manos de su nieta por una orden ministerial firmada por el extitular de Justicia Rafael Catalá el 31 de mayo, un día antes de que prosperase la moción de censura que derribó el Gobierno de Mariano Rajoy. Según publica este miércoles el BOE «se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Franco, con Grandeza de España, a favor de doña María del Carmen Martínez-Bordiú Franco».

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, reconoció que el Gobierno no puede anular la decisión adoptada por su antecesor en el cargo. La opción que baraja el Ejecutivo, avanzó, consiste en una modificación del Real Decreto sobre Concesión y Rehabilitación de Títulos y Grandezas de España de 1912, en el que no se contempla la retirada de los reconocimientos nobiliarios. El objetivo sería otorgar la potestad al Consejo de Ministros de anular el Ducado de Franco. «El Gobierno va a estudiar la situación porque todo lo que se refiere a la memoria histórica se estudia con mucha seriedad», concluyó la titular de Justicia.

La retirada del título a Carmen Martínez-Bordiú supondría un nuevo golpe para la familia Franco, que en las últimas semanas se enfrenta a la posibilidad de que se exhumen los restos del dictador y a la pérdida de la propiedad del Pazo de Meirás que pasaría a la Xunta de Galicia.

El traspaso del reconomiento, que Martínez-Bordiú solicitó nada más fallecer su madre, ha generado numerosas críticas entre las fuerzas de izquierda. La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, comparó el Ducado de Franco con un hipotético ducado de Hitler, mientras Alberto Garzón tachó la situación de «surrealista» y exigió al Gobierno que actúe. La Asociación de Memoria Histórica denunció «la vergüenza democrática que supone que bajo todos los gobiernos de la recuperada democracia se hayan renovado sin ningún escrúpulo títulos nobiliarios de criminales de guerra».