Borja Thyssen y Blanca Cuesta doblan el brazo a Hacienda tras ser absueltos de fraude fiscal

En la resolución, la juez argumenta que no se ha podido acreditar que el matrimonio «simulara» un negocio jurídico para ocultar beneficios a la Hacienda Pública. Un hechos por lo que la Fiscalía solicitaba inicialmente tres años de cárcel, aunque luego rebajó a un año en su escrito de conclusiones por dilaciones indebidas muy cualificadas en la causa y multa de 337.000 euros.

Según el Ministerio Público, el 26 de febrero de 2010 tuvo lugar la transmisión de las participaciones sociales de Cas Capetó (de la que era administra única Blanca Cuesta), en virtud de tres escrituras públicas de compraventa otorgadas por cada uno de los partícipes en la mencionada sociedad: Borja Thyssen (titular del 50% de las participaciones), Blanca Cuesta (40%) y la sociedad Caribean Breeze (10%), quienes entregaron sus acciones en favor de otras tantas mercantiles holandesas: Princess Four BV, Hermosa Beach Holding BV y Martínez Investments BV.

La Fiscalía vio sospechosa esta operación porque el principal activo de Cas Capetó era una casa en Ibiza que carecía de personal contratado y sin actividad económica alguna. El precio total abonado por dicha transmisión ascendió a 9,7 millones, que fueron ingresados en la cuenta bancaria de la que era titular Borja Thyssen.

Del total transferido, al primogénito de Tita Cervera le correspondieron 4,2 millones, a su mujer 3,3 millones, a Caribean Breeze 800.000 millones y 1,3 millones procedieron de la cesión onerosa de un crédito del que manifestó ser titular Borja Thyssen frente a la sociedad Cas Capetó.

Ambos acusados presentaron en plazo la declaración de IRPF correspondiente al ejercicio 2010 en su modalidad de tributación conjunta, en la que declararon una ganancia patrimonial de 2,2 millones por la venta de las participaciones de Cas Capetó cuando la ganancia real obtenida, según la Fiscalía, ascendió a 3,8 millones, ocultando al fisco la diferencia. Sin embargo, pese a los indicios de fraude fiscal que aportó la acusación pública, la jueza considera que no hay pruebas suficientes para determinar que hubo una «simulación» para ocultar la ganancia real en la declaración del ejercicio de 2010.