PP y Cs hacen suyas las antiguas apuestas de Sánchez contra el independentismo

Sánchez no se cansa de decir en sus mítines que pretende gobernar tendiendo la mano a todas las formaciones políticas y eso se refleja en un texto que evita pisar callos a los independentistas, sí, pero también a los que no lo son porque, aunque de manera indirecta mantiene su apuesta por el reconocimiento de la España plurinacional, no menciona expresamente ese asunto, espinoso para una parte del electorado al que aspira a seducir durante esta campaña de perfil bajo. También elude, quizá por primera vez en mucho tiempo, apretar las tuercas a la Iglesia Católica y modera algunas cuestiones que podrían perturbar al sector financiero o a las instituciones comunitarias.

Sus principales rivales en la derecha se han apropiado así de las iniciativas que puso sobre el tapete cuando llamaba a Quim Torra, «el Le Pen de la política española». La reforma del Código Penal con la que pretendía actualizar el delito de rebelión y evitar que, ante casos como los protagonizados por los líderes del 'procés', se pueda poner en duda la aplicación de ese tipo penal, algo muy discutido entre los expertos, es ahora una apuesta de Ciudadanos. La idea de fijar una regulación para que los cargos electos y autoridades públicas estén obligadas a prometer o jurar la Constitución y no se produzcan episodios como los de las tomas de posesión de Torra o de Carles Puigdemont, está en el programa del PP.

Por la izquierda, el jefe del Ejecutivo deja a Podemos algo más de espacio, ahora que da por sentado que la mayoría de los electores progresistas ya consideran al PSOE la alternativa viable a la derecha y no es necesario radicalizar el discurso para convencerles. A diferencia del programa de 2016, por ejemplo, el actual no plantea ya modificar el artículo 135 de la Constitución, el que reformó de manera exprés José Luis Rodríguez Zapatero con ayuda de Mariano Rajoy cuando los mercados castigaban sin piedad a España, para introducir el principio de estabilidad financiera.

Si hace tres años los socialistas hablaban de derogar «con carácter inmediato» toda la reforma laboral aprobada por el PP en 2012, ahora sólo se comprometen a aprobar «los cambios que eliminen los aspectos más lesivos» de aquella modificación legal. En una reciente entrevista en 'El Confidencial', la ministra de Economía, Nadia Calviño, ilustró su posición: «Más que derogar políticas, hay que mirar al futuro», dijo.

Tampoco plantea el partido gubernamental nada sobre la recuperación de lo invertido por el Estado en Bankia o la Sareb, el 'banco malo' creado por el Ejecutivo de Rajoy, ni mucho menos el impuesto a la banca para financiar las pensiones que propuso Sánchez en 2018. Y, en cuanto a la Iglesia, con la que se ha estado tratando estos meses la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, el PSOE ha decidido olvidar su promesa de denunciar los acuerdos con la Santa Sede u obligar a pagar el IBI por los inmuebles que no destina al culto.