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Castilla y León languidece por el padrón. Cada recuento del INE es un dolor para una comunidad que ha perdido en los últimos diez años 154.357 habitantes. El equivalente a la provincia de Segovia. Urge que el próximo Gobierno apruebe la Estrategia Nacional de ... Lucha contra la Despoblación (comprometida por Mariano Rajoy y aún en el horno), con medidas serias y de largo plazo, y acometa la reforma de la financiación autonómica por la que se reparten los fondos estatales entre las quince comunidades no forales. El modelo actual prima la asignación de euros por habitante y apenas tiene en cuenta lo que la dispersión, el envejecimiento y la orografía pesan en el encarecimiento de la prestación de servicios, factores que provocan la paradoja de que pierdas habitantes y el gasto de los que quedan, generalmente edad avanzada, suba.
La diferencia entre las entregas estatales y la factura en Castilla y León de los servicios esenciales, sanidad, educación y atención social, deja un boquete de 3.746 millones de euros entre 2010 y 2018. Pero hay que pagar otros servicios también necesarios. ¿Es comprensible que prime el número de habitantes frente a la superficie en hectáreas para asignar fondos forestales? Eso lleva a que el promedio de dinero propio que destina Castilla y León por ciudadano a cuidar sus montes y luchar contra los incendios sea de 65 euros anuales, el mayor de España, frente a los 9 euros que le supone a un madrileño atender sus bosques.
Despoblación y financiación autonómica son dos «asuntos de comunidad» para Castilla y León, que ha fraguado alianzas con el resto de la España vaciada (Galicia, Asturias, Extremadura, Cantabria, Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha) para negociar ya con el próximo Gobierno, que tendrá en cartera demandas de aquí como la defensa en Bruselas de las ayudas agrarias (PAC), la implantación de una EBAU única para las 17 comunidades o la posición sobre el diésel, clave en una tierra en la que el automóvil paga 40.000 nóminas. Castilla y León enviará a Madrid 31 diputados y 36 senadores el 28-A. Esta vez lo hará con más electores de más de 80 años (234.076) que menores de 30 (227.812). Otra noticia del INE que no es buena.
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