Sí a reformar la justicia, pero cada uno a su manera

En total suman 100 medidas. Un número redondo. Eso sí, cada una según las visiones políticas e ideológicas de cada partido. En el foco está la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo mandato caducó según la Constitución en diciembre de 2018. Su renovación necesita de ⅗ partes del Congreso, que solo suman PSOE y PP. Socialistas y populares se echan en cara el bloqueo.

Los programas también contemplan otros asuntos como la también renovación del Tribunal Constitucional, recuperar la justicia universal para perseguir crímenes de lesa humanidad fuera de las fronteras españolas o la devolución de las competencias judiciales que ostentan las autonomías al Gobierno central.

El Bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 2018 marca el programa de los socialistas, que desde el primer punto se comprometen a «preservar las instituciones y respetar las reglas del juego». El PSOE mantiene la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces en base «al sistema actual de doble legitimación en su elección, conectando el gobierno de los jueces con la única fuente de legitimidad, ya que como señala el artículo 1.2 de la Constitución Española, todos los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional que reside en el pueblo español».

Los socialistas también lanzan guiños a dos colectivos ante los que el Gobierno de coalición ha sufrido paros y protestas laborales, el PSOE se compromete a incrementar el número de jueces y fiscales. En su programa también se destaca un problema del que ha hecho bandera la derecha. «Se impulsará la reforma Legislativa normativa para garantizar el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas», se señala.

Frente al modelo de centralización de Vox, la formación de Pedro Sánchez asegura que se mejorará la cooperación institucional con las Comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia. El programa socialista avanza una reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También lo hace el PP, pero ni PSOE ni populares detallan en qué sentido.

Los populares lo dejan muy claro en su programa electoral. Plasman 12 propuestas, muchas menos que las 49 del PSOE, pero son contundentes en menos palabras. Lo primero es que en caso de llegar a la Moncloa modificarán la ley orgánica para que sean los propios jueces y no los políticos quienes escojan a los vocales del CGPJ, una reforma que, según denuncian PSOE y Sumar, daría de por sí la mayoría a los candidatos de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

En la misma idea de «despolitización de la justicia» que abandera Alberto Núñez Feijóo se adelanta una nueva regulación para la designación del fiscal general de Estado que «incluya mecanismos de mayor transparencia, independencia e imparcialidad para desvincularlo del Poder Ejecutivo y que fije su mandato por un plazo de 5 años». Esta ha sido una de las banderas del PP durante la última legislatura y uno de los mayores reproches a Pedro Sánchez después de que la ex ministra de Justicia Dolores Delgado dejase su cartera tras las elecciones de 2019 para convertirse en fiscal general.

Como el PSOE, el PP se compromete a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en el caso de los conservadores tendrá como objetivo la simplicidad y agilidad de todos los procesos. El partido de Feijóo afirma además que reformará la ley para proteger a todas aquellas personas que informen sobre casos de corrupción.

La coalición izquierdista sostiene que «España no se puede permitir continuar con una Administración de Justicia colapsada e incapaz de resolver, conforme a la ley y en tiempo razonable, los conflictos que se le plantean». Entre sus medidas, Sumar propone reformar la elección de los representantes del Poder Judicial para que no se necesite una mayoría de las tres quintas partes en el Congreso y baste con una mayoría absoluta en la Cámara baja. «En cuanto a los vocales del CGPJ de procedencia judicial, mantenemos el modelo de elección parlamentaria», se destaca.

Se extiende dicha propuesta al Constitucional para que no se den igualmente bloqueos en su renovación. La candidatura de Yolanda Díaz también propone la recuperación de la justicia universal internacional -anulada en buena parte durante el Gobierno de Mariano Rajoy- o la supresión de la justicia militar y su integración en la jurisdicción ordinaria.

«Pedro Sánchez ha llevado a su máxima expresión la partitocracia que desde hace décadas trata de controlar el Poder Judicial en beneficio de los viejos partidos», señala de primeras el programa de la derecha radical. La acusación incluye no solo a los socialistas, sino también a sus potenciales socios de gobierno del PP. Vox defiende despojar a las autonomías de las competencias en materia de justicia en el marco de su plan de recentralización del Estado.

Coincide con los populares en que «sean los jueces los que elijan a los jueces», en referencia a los vocales del CGPJ. También en recuperar el delito de sedición. En lo que no concuerdan ambos programas de la derecha es en el propósito de los de Santiago Abascal de eliminar el Tribunal Constitucional, que pasaría a desarrollar sus funciones en una nueva sala del Tribunal Supremo para lo que haría falta una reforma en el Parlamento de la Carta Magna y un referéndum.

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