¿Qué queda por hacer?

Deben acometerse reformas legislativas que amplíen el concepto de violencia de género a cualquier ataque contra una mujer por el hecho de ser mujer, y no sólo los cometidos en el seno de la pareja. Cualquier reforma que se realice ha de ser desde el sosiego y la reflexión, con intervención y consenso de todos, no sólo de los partidos sino de todos los operadores implicados en esta materia. Los expertos han propuesto que la asistencia letrada previa a la interposición de la denuncia tenga carácter preceptivo; también, la supresión de la circunstancia atenuante de confesión y reparación del daño en los asesinatos y homicidios; el cumplimiento íntegro de las penas; la desaparición del criterio del elemento subjetivo en los tipos penales de violencia de género; el reforzamiento de los recursos de rehabilitación de maltratadores o el impulso de la utilización de los dispositivos electrónicos de seguimiento a los mismos. Sin duda, la educación es pieza clave en la erradicación de estas violencias machistas: educación en igualdad, en el respeto a las mujeres y en el rechazo a todo tipo de discriminación hacia la mujer, que debe incluirse en los ciclos formativos desde la infancia. La coordinación entre instituciones y el seguimiento de las actuaciones públicas en esta materia es fundamental. Elevar esta problemática a cuestión de Estado y arbitrar la creación de un organismo, un Alto Comisionado que asuma esta responsabilidad, convertiría a España en el país más vanguardista y efectivo en la lucha contra la violencia de género.