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Pese a que las elecciones generales se celebran mañana, Oriol Junqueras quiere que la justicia restituya su candidatura como número uno de ERC por Barcelona. Y lo hace, argumentó este viernes al Tribunal Supremo, aprovechando que su inhabilitación absoluta para ejercer la política está en ... suspenso mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (TJUE) resuelve su inmunidad como europarlamentario.
Junqueras, condenado a 13 años de prisión por sedición y a otros 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público, pidió en la tarde de este viernes al tribunal del 'procés' que le permita ser candidato aunque no figure su nombre en las papeletas.
El escrito de su abogado fue registrado en respuesta al acuerdo de la Junta Electoral Central de no permitirle ser elegible ya que no cumple los requisitos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Es decir, que no puede concurrir a las elecciones porque su situación no se ajusta al artículo 6.2 de la citada norma, que señala que serán ineligibles «los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la pena».
Sin embargo, Junqueras quiere aprovechar la suspensión cautelar de su inhabilitación hasta que la corte con sede en Luxemburgo no se pronuncie sobre su inmunidad.
En ERC entienden, por esta razón, que su líder puede ser candidato en las elecciones, ya que no pesaría sobre él la inhabilitación. Asimismo, aprovecharon para pedir también su libertad (lleva dos años en prisión).
Considera Junqueras que su exclusión como candidato una vez publicado el auto que pospone su inhabilitación -conocido el pasado 30 de octubre- le genera «un perjuicio de imposible reparación y una vulneración flagrante de los derechos fundamentales». Y añade que el Supremo «puede decidir con posterioridad la inhabilitación en el momento en que exista sentencia firme que así lo determine», pero hacer «esta operación antes de su existencia resulta del todo inadmisible».
El tribunal presidido por Manuel Marchena ya ha pedido a Fiscalía, Abogacía del Estado, a la acusación popular de Vox y a las defensas que se pronuncien sobre este recurso.
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