Un despliegue de envergadura, sí, pero no un operativo extremo porque lo peor parece haber pasado, según los análisis de los servicios de información de los tres cuerpos policiales y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La 'operación Ícaro', el despliegue del ... Ministerio del Interior para apoyar a los Mossos d' Esquadra en labores de seguridad pública en Cataluña tras la sentencia condenatoria del 'procés', movilizará desde este viernes y durante el fin de semana electoral a algo menos de 3.000 funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se trata de prácticamente la mitad de agentes que el Gobierno central envió a Cataluña en el 'operativo Copérnico-Avispa' para intentar abortar el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017.
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Interior -que el pasado 30 de octubre decretó un Nivel 4 «reforzado» en la alerta antiterrorista en toda España por las elecciones- ha decidido no tirar la 'casa por la ventana' en Cataluña y limitar el despliegue después de que los analistas del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska hayan apuntado en los últimos días a una «desescalada» en el grado de conflictividad en las calles catalanas.
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Según los informes de los servicios de información de Interior y del CNI, la movilización independentista, tanto de los pacíficos como de los violentos, empieza a dar muestras importantes de cansancio cuando están a punto de cumplirse cuatro semanas del día en que se hizo público el fallo del Supremo. Los análisis policiales destacan que el pasado lunes el independentismo, a pesar de sus llamamientos masivos durante días, solo logró movilizar a una 3.000 personas en la protesta contra la presencia de la Familia Real en Barcelona para la entrega de los premios Princesa de Girona.
No ha sido la única convocatoria que ha tocado en hueso. Los llamamientos de los grupos radicales en los últimos días para intentar reeditar los graves incidentes tras la sentencia no han tenido eco alguno desde el pasado 26 de octubre, cuando se produjeron las últimas algaradas.
Aun así, admiten los informes policiales y los mandos de Interior y Mossos, hay inquietud por lo que pueda ocurrir particularmente con la jornada de reflexión. Para el sábado, Tsunami Democràtic, la plataforma que llamó a la toma de El Prat horas después de conocerse la sentencia y que está siendo investigada por terrorismo en la Audiencia Nacional, ha convocado movilizaciones, que, no obstante, ha ido modulando y suavizando tras los avisos del Gobierno de que los que participen en estas protestas pueden enfrentarse a penas de cárcel. Al final, Tsunami ha llamado a participar el sábado en unos 200 actos de marcado carácter festivo o cultural, como el que tendrá lugar en la Plaza de Catalunya de Barcelona con un concierto, y ha pedido a sus activistas que el domingo dejen votar con tranquilidad.
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A pesar de ello, los analistas de Interior no descartan que en algunos lugares puedan producirse «conatos de ocupación aislados» en los colegios electorales por parte de grupos radicales, si bien los servicios de información apuestan a que los incidentes no serán generalizados. En síntesis, esperan una jornada de votación tensa, como la que tuvo lugar en las elecciones autonómicas de diciembre de 2017 tras la aplicación del 155, pero dentro de la normalidad.
Aun así, y para intentar conjurar cualquier amenaza, Interior y Mossos tendrán disponibles un total de 12.000 agentes durante el fin de semana. Por parte de la Policía Nacional estarán en prevengan 37 grupos de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios) llegados de toda España a Cataluña (Para el 1-O fueron enviados 41). Son unos 1.500 agentes, lo que supone el 75% de los antidisturbios de todo el CNP en todo el país. A ellos se sumarán unos 400 agentes de las Unidad de Prevención y Reacción (UPR, la hermana pequeñas de las UIP).
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En principio –y si no hay incidentes- estos funcionarios no deberían salir a la calle, como tampoco deberían abandonar sus cuarteles y hoteles el millar largo de agentes de la Guardia Civil procedentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS, antidisturbios) y de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) que han sido llevados a Cataluña y que, por el momento, no han llegado a actuar en los incidentes que han desatado desde que se diera a conocer el fallo.
El grueso de despliegue en Cataluña para las elecciones correrá a cargo de los Mossos. La policía autonómica tiene previsto un operativo idéntico a cualquier otra elección. Se destinarán 8.000 agentes de seguridad ciudadana. Un binomio de mossos, en dos turnos, estará de forma permanente en los 2.670 colegios electorales de la comunidad y habrá funcionarios de refuerzo en patrullas.
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A ellos hay que añadir un millar escaso de las dos unidades antidisturbios del cuerpo autonómico (Brimo y Arro) que estarán de guardia, por turnos, durante todo el fin de semana.
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