Un centenar de policías blindará el escrutinio ante posibles ciberataques

El Ministerio del Interior se ha tomado muy en serio esta amenaza de ciberataques, hasta el punto de que, por primera vez en unas elecciones, ha puesto en marcha un protocolo que se activó el pasado 1 de abril para conjurar el riesgo de un eventual 'hackeo'. En sus quince páginas, la denominada Instrucción 5/2019 avisa, entre otras cosas, del riesgo de un «ataque informático contra el sistema tecnológico» de recuento de votos.

Según fuentes de la seguridad del Estado, un centenar de policías y técnicos trabajan desde principios de este mes en el conocido como Dispositivo Especial de Seguridad para tratar de localizar en las redes sociales y la internet profunda o 'Deep Web' planes de posibles sabotajes. Estos mismos funcionarios son los que estarán operativos hoy para responder en tiempo real a cualquier intento de infiltración en los sistemas técnicos del Ministerio del Interior, que coordinará el recuento.

Los especialistas del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad (CNPIC), de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS) y de la Policía y de la Guardia Civil tienen órdenes estrictas de velar para que la difusión de los resultados de las elecciones se realice «con los más elevados niveles de confidencialidad, disponibilidad e integridad» para que los posibles 'hackers' no puedan ni bloquear o ralentizar el recuento ni, lo que sería mucho más grave, alterar los datos que se envíen desde los colegios a los centros de recepción.

En sus documentos internos, el Ministerio del Interior sitúa a estas acciones contra el «sistema tecnológico electoral» como segunda máxima preocupación para estas elecciones, tras la distribución de las 'fake news' durante la campaña.

La guerra por la protección del recuento, de acuerdo con las órdenes difundidas el 13 de marzo por la secretaría de Estado de Seguridad, Ana Botella, comenzó la noche de ese viernes, cuando se activó la última fase «operativa» del plan de seguridad de las elecciones y permanecerá activa hasta «el cierre de los colegios electorales, traslado de documentación y finalización de la actividad electoral», lo que ocurrirá en la madrugada del 29 de abril. Durante toda esta última fase «se intensificará prioritariamente la vigilancia y protección de las infraestructuras críticas y aquellas otras que presten servicios esenciales» para la logística de las elecciones.

En las casi cuatro semanas que se han monitorizado internet y las redes sociales, los expertos del Ministerio del Interior, más allá de campañas de desinformación de «mediano nivel», no han encontrado, al menos por el momento, llamamientos a sabotajes durante el escrutinio de los votos, según han revelado fuentes de la seguridad del Estado, que, no obstante, insisten en que el recuento será uno de los momentos de mayor vulnerabilidad del sistema electoral.