Autonomías, desde el referéndum a su disolución

El modelo territorial pasa de puntillas en los programas electorales de PSOE y PP. Las dos principales fuerzas políticas y aspirantes a colocar a sus candidatos en la Moncloa defienden el modelo autonómico consagrado en la Constitución, si bien difieren en torno a Cataluña. Mientras que los socialistas tienden la mano al diálogo, los populares advierten que no admitirán la más mínima deslealtad institucional. Sumar, influencia por los comunes de Ada Colau, defiende una consulta en Cataluña siempre y cuando salga de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat. Vox directamente aboga por recuperar las competencias autonómicas que cedieron sucesivamente los ejecutivos de Felipe González y José María Aznar.

Sumar, influencia por los comunes de Ada Colau, defiende una consulta en Cataluña siempre y cuando salga de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat. Vox directamente aboga por recuperar las competencias autonómicas que cedieron sucesivamente los ejecutivos de Felipe González y José María Aznar.

Los socialistas aseguran que gracias a los dos mandatos de Pedro Sánchez se ha logrado reconducir el desafío independentista en Cataluña. «El Gobierno ha trabajado para recuperar la convivencia con diálogo y respeto, en el marco constitucional», destaca un PSOE que se compromete a mantener el diálogo y el respeto. En las ocho propuestas de reforma del modelo territorial que figuran en su programa los socialistas se comprometen a continuar con el proceso de «desconcentración de sedes de entidades públicas estatales y autonómicas» o a reformar el Senado para convertir la Cámara alta en una «verdadera institución de representación territorial», una promesa que ya formuló José Luis Rodríguez Zapatero cuando gobernó entre 2004 y 2011, pero que desde entonces ha quedado tan solo en palabras. El PSOE coincide con el PP en la necesidad de una reforma de la financiación autonómica, pero solo en las formas. «Impulsaremos la aprobación en el plazo máximo de un año para un nuevo sistema que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad», destaca el programa socialista. En este punto, se avanza que se abrirá el debate para que «el nuevo modelo de financiación autonómica impulse que la inversión del conjunto de Administraciones Públicas en Sanidad sea como mínimo del 7% del PIB, en Educación del 5% y en Servicios Sociales del 2%». Todo un choque de trenes con las comunidades gobernadas por el PP.

El programa de los populares inicia su apartado sobre el modelo territorial con la promesa de recuperar las penas por el delito de sedición que eliminó el Gobierno de coalición. «Regularemos también otras conductas de deslealtad de las instituciones dirigidas a poner en peligro la paz y el orden constitucional, ya sea mediante la convocatoria de referendos o consultas no autorizadas o maquinaciones dirigidas a socavar el crédito de España en la comunidad internacional», se añade. En su programa, el PP incide en que velará por la lealtad institucional y advierte de que ningún gobierno debe, en el ejercicio de sus competencias, tomar decisiones unilaterales que perjudiquen el ejercicio de las competencias de los restantes gobiernos, del mismo o de distinto nivel territorial. Todo un aviso hacia Cataluña y un posible segundo recurso al artículo 155 de la Constitución. Respecto a la financiación, los populares se comprometen a una reforma que, en caso de gobernar, le exigirán sus propias comunidades autónomas, con la valenciana a la cabeza. Este es un punto en el que Alberto Núñez Feijóo podría chocar con Vox en caso de necesitar a los de Abascal como socios, como apuntan la mayoría de las encuestas. Mientras que la derecha radical apuesta por restar competencias autonómicas, el PP defiende un estado descentralizado, más aún con un candidato que tras cuatro mayorías absolutas en Galicia presume de un regionalismo que ha plasmado en su programa.

La coalición de Yolanda Díaz es la única fuerza que incluye en su programa una consulta en Cataluña, eso sí siempre que esta surja de la mesa de diálogo en torno a la que se han sentado el Gobierno central y la Generalitat durante esta legislatura. Se trata de una exigencia de los comunes de Ada Colau, una de las principales fuerzas de las 16 que confluyen en el proyecto de la vicepresidenta segunda. «El acuerdo surgido de la negociación entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno del Estado tiene que ser votado por la ciudadanía de Catalunya», se detalla tras considerar que España es «una realidad plurinacional». Se defiende además el uso de cada una de las lenguas nacionales. Sumar, que se extiende en su programa en materias como empleo o igualdad, solo destaca cinco medidas en lo que respecta al modelo territorial, un asunto espinoso para su electorado en la mayoría de comunidades autónomas.

La derecha radical deja claro su objetivo en el programa electoral: acabar con el estado de las autonomías y recentralizar el poder en torno a Madrid. Define su posición bajo la fórmula de «un estado unitario administrativamente descentralizado que sea capaz de promover la igualdad entre los españoles». Entre las medidas de Vox figura la devolución inmediata de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia. Esto incluye la supresión de las policías autonómicas y el fin de los «privilegios» forales en el País Vasco y Navarra. Vox coincide con el PP en la mano dura contra el independentismo y recuperar el delito de sedición y la tipificación de la malversación que el gobierno de coalición rebajó. Los de Abascal prestan especial atención en su programa al uso del español, que asegura se garantizará en todo el territorio nacional y en cada una de las administraciones públicas.

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